BUENOS AIRES, 27 Nov. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -
La mayoría del pleno de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dio hoy su aprobación al proyecto para expropiar Aerolíneas Argentinas y Austral, controladas por el grupo español Marsans, de forma que la iniciativa será discutida la próxima semana en el Congreso.
El proyecto presentado el pasado lunes por legisladores del oficialismo declara "de utilidad pública y sujetas a expropiación, conforme lo establece la Ley 21.499, las acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas, Austral y sus controladas Optar, Jet Paq y Aerohandling".
Diputados de la oposición presentaron un proyecto alternativo para expropiar sólo los activos de las empresas, para no hacerse cargo de los pasivos de las dos compañías, que controlan el 80% del mercado doméstico, pero la iniciativa no prosperará.
Los fundamentos del proyecto argumentan que "como es de público conocimiento, desde la incorporación de Air Comet como accionista mayoritario de Interinvest --que controla Aerolíneas Argentinas y Austral--, dicha empresa ha tomado indirectamente el control de las empresas a expropiar. Este cambio sustancial ha tenido consecuencias evidentes en la situación patrimonial de la empresa".
El documento agrega que dicho control se ha hecho evidente en "la regularidad, continuidad y calidad del servicio de transporte aerocomercial, que se expresan en un déficit operativo constante" y añade que la gestión "cuanto menos ha sido irresponsable".
El Tribunal de Tasaciones de la Nación estableció un valor negativo para las dos empresas de unos 832 millones de dólares (663 millones de euros), mientras que el banco Credit Suisse estableció que el valor de las dos empresas podría llegar hasta unos 500 millones de dólares (398 millones de euros).
Directivos de Marsans anunciaron que en caso de concretarse la expropiación recurrirían a tribunales nacionales y al CIADI, el tribunal de resolución de controversias que depende del Banco Mundial (BM), para reclamar una indemnización de hasta 1.000 millones de dólares (795 millones de euros).
