Los socialistas no han logrado convencer aún a CiU para que renuncie a retrasar la entrada en vigor de la enmienda
MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados debatirá y votará hoy el proyecto de reforma de la Ley de Auditoría de Cuentas y la de Sociedades Anónimas, que incluye la enmienda presentada por el PSOE para suprimir la limitación de los derechos de voto en las empresas, propuesta que podrá contar con el respaldo de CiU si los socialistas pactan que la eliminación de los conocidos como blindajes empresariales afecte sólo a sociedades cotizadas dejando fuera a la empresa familiar.
Según informaron a Europa Press en fuentes de parlamentarias, el acuerdo permitirá que las empresas que salgan a Bolsa dispongan de un tiempo no superior a un año, para adaptar sus estatutos a la supresión de estas limitaciones. La federación busca con estos matices dar traslado a las observaciones formuladas por el Instituto de la Empresa Familiar.
Sin embargo, sigue sin cerrarse no se ha cerrado el acuerdo sobre el único fleco pendiente del acuerdo, la petición de CiU de retrasar en un año desde la entrada en vigor del resto de la Ley la eliminación de los conocidos como blindajes empresariales.
Aunque el PSOE confía en convencer a los nacionalistas catalanes para resolver esta cuestión, de manera que la enmienda entre en vigor de manera más inmediata, previsiblemente a partir del 1 de enero de 2011, el caso es que en la tarde de hoy CiU mantiene que su enmienda sigue redactada "en los mismos términos" en los que se presentó el pasado 24 de marzo, es decir, manteniendo el aplazamiento.
MENOS DE 24 HORAS PARA NEGOCIAR
En cualquier caso, tanto la ponente socialista del proyecto de Ley, Marta Gastón, como el de CiU, Josep Sánchez Llibre, quieren apurar el tiempo para sumar nuevos apoyos de cara al debate en Comisión que se mañana a las 16.00 horas, para el que se encontrarán con el rechazo frontal del PNV y del grupo parlamentario que componen ERC, IU e ICV.
Ambos grupos sostienen que la enmienda socialista ha sido diseñada 'ad hoc' para satisfacer los intereses de los presidentes de las constructoras Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, y de ACS, Florentino Pérez, para reforzar su poder en las energéticas Repsol YPF e Iberdrola, respectivamente, compañías ambas cuyos estatutos recogen los conocidos como blindajes estatutarios.
EL PNV ADVIERTE AL GOBIERNO VASCO
De hecho, el PNV forzó al PSOE a aceptar el retraso del debate en Comisión de la norma, previsto para el pasado 24 de marzo, hasta después de Semana Santa, para que no condicionara el desarrollo de la junta general de accionistas de Iberdrola, que se celebraba dos días después.
El cualquier caso, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Josu Erkoreka, aseguró ayer a Europa Press que el lehendakari, Patxi López, deberá ofrecer explicaciones por la "falta" de un "mensaje contundente" en contra de la enmienda anti-blindaje, si, como es previsible, prospera mañana.
Por su parte, el secretario general del PSE-EE de Álava, Txarli Prieto, aseguró que el Gobierno vasco tratará de evitar que la previsible aprobación, hoy en el Congreso de los Diputados, de la limitación de los derechos de voto en las empresas "tenga un efecto negativo" en Euskadi, para lo que buscará "el compromiso y la complicidad del empresariado vasco".
LA OPOSICIÓN RECHAZA LAS "FORMAS" DEL PSOE
Por su parte, el PP elude precisar el sentido de su voto y se inclina por la abstención para dejar en evidencia que los socialistas sólo han sacado adelante la enmienda con el apoyo de CiU y de minorías como Coalición Canaria.
En cualquier caso, en lo que tanto el PP como el resto de grupos coincide es en denunciar las "formas" del PSOE por introducir esta enmienda en una Ley sobre la que ya existía un grado de acuerdo previo entre las fuerzas políticas, que se ha visto "frustrado" por esta maniobra.
Aunque insisten en que esta es una "enmienda más" a la Ley y además responde al programa electoral del PSOE, el Grupo Socialista dirigido por José Antonio Alonso sí reconoce que se introdujo por petición directa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. No obstante, niega que se hiciera al margen del resto del Ejecutivo.
