BRUSELAS, 30 May. (EUROPA PRESS) -
Los principales grupos políticos de la Eurocámara aplaudieron hoy el acuerdo alcanzado este lunes por el Consejo de Competitividad sobre la polémica directiva para liberalizar los servicios y se mostraron convencidos de que será posible lograr en un breve plazo un compromiso definitivo en segunda lectura.
El presidente del grupo socialista, Martín Schulz, destacó que la Comisión y los Veinticinco habían asumido "el 95%" de las exigencias del Parlamento, que se convierte así en la institución que asume el "liderazgo" para resolver los expedientes más difíciles. "Cogimos una propuesta neoliberal y la transformamos en una medida que asegura la estabilidad social", afirmó.
El portavoz de los populares, Malcolm Harbour, destacó también el "éxito" de la Eurocámara para lograr un compromiso. Dijo que, gracias a éste, las empresas y los consumidores "se beneficiarán de competencia y posibilidades de elección en el sector servicios". Asimismo, aludió a la posibilidad de que se puedan crear 600.000 puestos de trabajo gracias a la liberalización.
Mucho menos optimista fue la patronal europea UNICE, que lamentó el limitado alcance del acuerdo final y la inseguridad jurídica que deja por lo que se refiere a las prestaciones de servicios transfronterizas, aunque reconoció algunos avances.
"La propuesta, aunque insuficientemente ambiciosa, es un paso prometedor para crear un auténtico mercado interior para los servicios en la UE y tenemos que aprovecharlo lo máximo posible", dijo Ernest-Antoine Seillière. "Ahora es vital que los Estados miembros la transpongan y la apliquen correctamente y a tiempo para que se materialice su contribución a la estrategia de crecimiento y empleo", añadió.
Por su parte, el Ejecutivo comunitario destacó que el acuerdo sobre la directiva de servicios es una "buena noticia" para Europa y demuestra que "no es verdad que todo se haya parado en Europa" tras el 'no' de Francia y los Países Bajos a la Constitución Europea. La Comisión cree que es posible cerrar el texto definitivamente antes de finales de año.
Los ministros de Competitividad de la Unión Europea alcanzaron este lunes un acuerdo político sobre la directiva de liberalización de los servicios sin ningún voto en contra y con la abstención de Lituania y Bélgica.
El texto definitivo mantiene las grandes líneas del compromiso alcanzado por la Eurocámara el pasado febrero, suavizando los aspectos más polémicos de la propuesta inicial de la Comisión, que provocó el rechazo de países como Francia, Alemania y Bélgica.
Finalmente, también los países de la ampliación, que reclamaban una mayor liberalización de los servicios, dejaron de lado sus reticencias y acabaron aceptando el compromiso final gracias a una contrapartida de última hora ofrecida por la presidencia austriaca.
Se trata de obligar a todos los Estados miembros a informar a la Comisión de todos los requisitos y autorizaciones que exija su legislación para la prestación de servicios, y a justificarlos. El Ejecutivo comunitario los transmitirá al resto de países de la UE y, además, elaborará un informe anual con "análisis y orientaciones" sobre esta cuestión.
El secretario de Estado de Asuntos Europeos, Alberto Navarro, explicó que esta especie de registro constituye el "contrapeso" que se ha ofrecido a los países de la ampliación para que acepten "renunciar" al principio del 'país de origen', presente en el texto inicial, y que permitía a las empresas que presten servicios en varios Estados miembros aplicar la legislación de su Estado miembro de residencia.
Navarro insistió en que los países que mantengan restricciones a la prestación de servicios no sólo tendrán que comunicarlas a Bruselas, sino que además deberán probar que no son discriminatorias, están proporcionadas y responden al interés público. Este registro fue acogido con reservas por Francia y Alemania, aunque las acabaron levantando en aras del consenso.
La directiva se aplicaría, por ejemplo, a servicios de consultoría; mantenimiento de oficinas; publicidad; agencias inmobiliarias; construcción; alquiler de coches; agencias de viaje; asesoría legal o fiscal; turismo y centros comerciales.
No entran en el ámbito de la directiva los servicios financieros, los servicios y redes de comunicaciones electrónicas y los transportes, y tampoco se aplica al ámbito de la fiscalidad. Además, tampoco será de aplicación a los servicios de interés general, según la definición que haga cada Estado miembro de este tipo de servicios.
Los servicios sanitarios, tanto públicos como privados, se dejan fuera, al igual que los notarios, los servicios audiovisuales y los juegos de azar y loterías, las agencias de trabajo temporal y los servicios de seguridad. Todos los transportes están excluidos, por ejemplo, los taxis, el transporte urbano y los servicios portuarios.
