SANTANDER, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros adoptó hoy un acuerdo por el que se impone a Sniace una sanción de 601.012 euros más la obligación de indemnizar los daños causados al dominio público hidráulico en la cuantía de 533.138 euros.
La sanción y la indemnización son consecuencia del vertido de aguas residuales al cauce del río Saja que realizó la empresa sin autorización del organismo de cuenca, en el barrio de Riaño (Santillana del Mar).
Respecto a esta decisión, fuentes de ARCA señalaron a esta agencia que lo que está ocurriendo con Sniace es "la consecuencia de una mala política empresarial de despreciar el medio ambiente que se basaba en los soportes políticos que ha tenido en Cantabria".
Según la asociación, "todos los partidos políticos han estado apoyando los vertidos de Sniace y salvándole la cara". Por ello, consideró "corresponsables" a las "autoridades políticas de Cantabria, que nunca han trabajado para solucionar el problema. Pero finalmente ha llegado un Gobierno del Estado que ha dicho que 'basta ya'".
En opinión de ARCA, la denuncia que "más ha movilizado" tanto a la Confederación Hidrográfica del Norte, como responsables del control de los vertidos a los ríos, como a la vía Penal es la que interpuso la asociación AEMS Ríos con Vida.
En este sentido, desde ARCA se recordó la petición de cinco años de prisión para Miguel Gómez de Liaño y Botella, abogado y secretario del Consejo de Administración de la empresa Sniace, por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
"Llevan dos años vertiendo sin permiso administrativo. Y esta multa ya no es por incumplir los parámetros de vertido sino por algo mucho peor: están vertiendo sin permiso", concluyó la asociación.
