La eléctrica pidió ayer la ejecución forzosa de las medidas cautelares por parte del grupo francés
MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
El juez Edorta Etxarandio Herrera ha concedido a Iberdrola y a la Fiscalía un plazo de diez días para presentar sus alegaciones en contra del escrito remitido el viernes por EDF al juzgado de Bilbao del que es titular este magistrado, indicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a Europa Press.
En este escrito, la compañía presidida por Pierre Gadonneix negaba la competencia del juzgado vasco para pronunciarse acerca de los daños en la actividad empresarial de Iberdrola que podrían estar provocando los comentarios de EDF acerca de su interés por la eléctrica española.
El juzgado trasladó ayer a las partes la declinatoria de competencia internacional remitida por EDF. La apertura de un plazo de diez días para recoger la posición de Iberdrola y de la Fiscalía no implica necesariamente que la decisión del juez se produzca pasado este tiempo, sino que podría dictarse antes.
Iberdrola presentó ayer su postura. En ella, solicita al Juzgado número dos de lo Mercantil de Bilbao que haga un apercibimiento expreso a la compañía francesa en el que se le informe de que el incumplimiento de las medidas cautelares contra EDF dictadas por el juez le hará incurrir en un delito de desobediencia.
Junto a esto, Iberdrola pide que se emplace a EDF a cumplir las medidas cautelares impuestas el 25 de marzo y a que, de lo contrario, se le acuse de un delito de desobediencia.
Además, solicita que, llegado el caso, se cite a declarar al propio Gadonneix y se imponga una multa mensual de entre 15 y 76 millones durante un año.
En el auto en el que imponía las medidas cautelares, Etxarandio Herrera argumentó que EDF había vertido información ambigua acerca de su interés por Iberdrola, y que esta circunstancia provocaba un daño patrimonial a la eléctrica. Por este motivo, pidió que difundiera en la prensa sus intenciones sobre la eléctrica española.
Pese a dictarse en Bilbao, el auto establece que la decisión tendrá efecto en el lugar en que se produzcan las actuaciones denunciadas.
