BUENOS AIRES, 9 Ene. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -
El secretario de Transporte de Argentina, Ricardo Jaime, anunció hoy que el gobierno argentino comprará más de 20 aviones para incorporarlos a las flotas de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, que están en proceso de expropiación al grupo español Marsans.
El Estado argentino se ha hecho cargo de la gestión de las dos empresas, expropiadas por una ley del Congreso el 17 de diciembre, al disponer la presidenta Cristina Fernández la creación de una unidad administrativa --formada por cuatro miembros-- que asumirá el control de ambas aerolíneas y tras designar al Ministerio de Planificación Federal como "organismo expropiante".
Tras esa decisión, Jaime confirmó esta mañana la inminente compra de "más de veinte aviones", en el marco del plan de reequipamiento de las compañías, y destacó que el decreto publicado hoy en el Boletín Oficial permite "apurar todos los plazos necesarios para que esto se haga".
"Se han recuperado muchísimos aviones pero no es el servicio que nosotros queremos y por eso queremos rápidamente comprar aviones nuevos", dijo el secretario de Transporte a la radio La Red el funcionario, quien destacó los esfuerzos para lograr "la modernización" de Aerolíneas y Austral, y para incorporar "más flota internacional y regional".
El decreto publicado hoy en el Boletín Oficial instruye para que se concrete la cesión a los trabajadores de "hasta un máximo del 10 por ciento" de las acciones de las empresas y ordena la formulación de "un plan general de negocios".
El gobierno argentino se hizo cargo de la administración de las dos empresas a mediados de julio, cuando Marsans anunció que no estaba en condiciones de pagar los salarios de los aproximadamente 9.000 empleados de las dos compañías, que controlan el 80 por ciento del mercado doméstico.
Tras la expropiación, el grupo Marsans anunció la presentación de una demanda ante el CIADI, el tribunal de resolución de controversias que depende del Banco Mundial, para reclamar una indemnización de hasta 1500 millones de dólares (1.179 millones de euros).
