Economía/Empresas.- La tercera fase de 'préstamos tecnológicos' para pymes estará dotada con 310 millones

Actualizado: miércoles, 31 mayo 2006 21:15

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, adelantó hoy que la tercera fase de los 'prestamos tecnológicos' para impulsar la implantación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las pequeñas y medianas empresas estará dotada con 310 millones de euros.

En su conferencia de clausura del XII Encuentro del Sector de las Telecomunicaciones del IESE, Ros precisó que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio desea que al menos un total de 70.000 empresas hayan disfrutado de un 'préstamo tecnológico' a cierre del ejercicio 2007. En concreto, en esta tercera fase alrededor de 48.000 compañías podrán beneficiarse de préstamos en condiciones ventajosas.

Las dos primeras fases, lanzadas en diciembre de 2004 y enero del presente año, contaron con una dotación de 200 millones y 160 millones, respectivamente. Al analizar los grandes "retos" a los que se enfrenta la Administración en materia de telecomunicaciones, el secretario de Estado apuntó a la necesidad de fomentar el uso de las TIC por parte de las pequeñas y medianas compañías, ya que en la actualidad "muchas no les ven gran uso".

Asimismo, señaló que en España la inversión pública en I+D supera al gasto privado en este ámbito, con aportaciones del 60% y 40% del total, respectivamente. Según indicó, el Gobierno trabajará por alcanzar los niveles de los países "más avanzados" en los que la inversión en I+D se reparte a partes iguales entre la iniciativa privada y la pública.

Por otro lado, Ros apostó por que España "se involucre" al máximo en la elaboración del nuevo marco regulatorio europeo en materia de Telecomunicaciones, aportando propuestas para la elaboración de las directivas y "sin limitarse a votar" para elegir entre las opciones planteadas por otros estados. Igualmente, el secretario estima necesario "agilizar" los actuales plazos de transposición de las normas europeas a la legislación de los estados miembros, de alrededor de cinco años.