MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) ha presentado ante la Comisión Europea una denuncia contra el Real Decreto aprobado en diciembre por el Congreso por el que se detrae hasta 2012 de la retribución a las eléctricas el mayor ingreso derivado de la asignación gratuita de derechos de emisión, indicaron fuentes empresariales a Europa Press.
En la denuncia, la patronal eléctrica argumenta que, entre otras cosas, la nueva normativa supone una "privación patriomonial injustificada e injustificable" en la medida en que anula el valor económico de unos derechos de emisión asignados de forma gratuita.
La inicitiva, en la que el desapacho de abogados Uría Menéndez presta sus servicios a Unesa, entiende que el Real Decreto vulnera "diversos principios generales" del Derecho comunitario y, más en concreto, dos directivas de la UE, una de ella sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero y otra sobre seguridad e inversión en infraestructuras en el mercado interior de la electricidad.
La patronal explica que el Real Decreto 11/2007 justifica la minoración de derechos de emisión sobre el "supuesto" de que la asignación de los mismos de forma gratuita genera un ingreso extraordinario por parte de los generadores, que internalizan en sus cuentas esta partida.
Frente a esta consideración del Gobierno, los demandantes sostienen que la aplicación del decreto "perjudica gravemente a los operadores del sector y al propio funcionamiento del mercado eléctrico europeo". Además, dice que dificulta el cumplimiento de los objetivos de la política energética y medioambiental de la UE.
Además de denunciar una presunta privación patrimonial, los denunciantes entienden que la norma reduce "de forma artificial" los ingresos de las empresas generadoras con el objetivo de aliviar el déficit tarifario. No obstante, esta reducción de ingresos, señalan, podría ser superior al valor de los derechos de emisión recibidos gratuitamiente.
La norma mantiene "anormalmente bajas" las tarifas y, con ello, impide que se reflene el coste real de generación de electricidad, señalan. Junto a esto, incentiva el uso "irracional" de electricidad en España, discrimina a los clientes liberalizados, distorsiona el funcionamiento del mercado único de electricidad, desincentiva futuras inversiones y discrimina a las eléctricas frente a empresas de otros sectores en los que no se minoran los derechos de emisión.
DEL PARLAMENTO A BRUSELAS.
Unesa y las eléctricas de forma individual mantienen batallas paralelas en contra de la minoración de los derechos de emisión. Mientras la patronal litiga en Bruselas y sigue con atención una posible futura tramitación como proyecto de ley del Real Decreto, lo que daría opciones introducir enmiendas, las eléctricas recurren por separado ante la Justicia.
De hecho, las empresas presentaron en enero denuncias por separado ante la Audiencia Nacional en contra del desarrollo de la norma. Las compañías inician de esta forma un procedimiento contencioso administrativo contra un desarrollo normativo al que consideran expropiatorio.
En el proceso, Endesa e Iberdrola han llegado a pedir la suspensión parcial del decreto, que les obliga a minorar de sus resultados de 2006 sendas partidas de 406 y 319 millones de euros. Unión Fenosa, HC Energía y Gas Natural deberán descontar entre las tres unos 285 millones.
El Real Decreto aprobado por el Congreso en diciembre amplía de 2008 hasta 2012 la detracción a las eléctricas de los derechos de emisión que se les había concedido de forma gratuita. El texto fue aprobado con la abstención de PP, CiU y PNV.
Para aplicar esta norma, el Ministerio de Industria prepara una orden ministerial que fija en 1.130 millones la minoración correspondiente a 2006, y en unos 100 millones la de 2007.
El real decreto tiene como objetivo aliviar el déficit de tarifa --diferencia entre el coste reconocido de la electricidad y los ingresos de la actividad regulada--, cuya cuantía podría aumentar en 2008 a 4.600 millones si no se recuperara la asignación de CO2.
Las eléctricas pueden presentar, como ya han hecho, un procedimiento contencioso dministrativo contra la orden ministerial, pero no contra el real decreto ya aprobado, ante el que sólo cabe la posibilidad de acudir a Bruselas o encontrar algún grupo político dispuesto a cuestionar su constitucionalidad.
