MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno acatará la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) sobre la ampliación de competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), pero recuerda su legitimidad para velar por la seguridad de suministro.
"El Gobierno sigue considerando legítimo velar por la garantía de suministro a los consumidores", indicaron fuentes del Ministerio de Industria a Europa Press, que recordaron que contra el dictamen del Tribunal de Luxemburgo no cabe recurso.
El departamento dirigido por Miguel Sebastián está esperando que la Justicia europea le remita la notificación oficial con el dictamen para analizar su contenido.
En la sentencia, el TUE entiende que la ampliación de competencias de la CNE, que permitió al regulador energético imponer condiciones a las ofertas públicas de adquisición de E.ON y de Enel y Acciona sobre Endesa, es ilegal.
Para la institución comunitaria, el decreto de febrero de 2006 que faculta a la CNE para analizar fusiones energéticas vulnera la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento, y no está justificado por el objetivo de garantizar la seguridad del suministro energético.
En sus alegaciones, el Ejecutivo español había sostenido que el decreto responde a la necesidad de garantizar la seguridad de suministro. Esta posición le enfrentó con la Comisión Europea, que llevó el caso hasta el Tribunal ante la negativa de las autoridades españolas a ajustar el decreto a la legislación comunitaria.
