MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Industria enviará esta semana a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) su borrador de Real Decreto con la previsible subida de tarifas eléctricas a partir del 1 de enero.
El organismo presidido por María Teresa Costa dispondrá desde ese momento de quince días para elaborar su informe acerca del borrador, tras lo que el texto pasará a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y será aprobado por el Consejo de Ministros antes de que concluya el año.
Industria no ha adelantado en qué consistirá la revisión de tarifas ni si en el texto se incluirán algunas de las propuestas que el ministro Miguel Sebastián estudia desde hace semanas con los agentes del sector.
Fuentes del sector consultadas por Europa Press indican que el departamento dirigido por Sebastián trabaja con distintos escenarios de subidas de tarifas, entre los que el más probable es el que contempla incrementos distribuidos durante los próximos tres años de entre el 8% y el 10% anuales.
Esta posibilidad permitiría a Industria aplicar una subida en enero de en torno al 3% y aplicar incrementos similares durante las siguientes revisiones trimestrales.
Al mismo tiempo, al final de los tres años de subidas progresivas del recibo se habrá cumplido la reivindicación de Unesa y de la CNE de incrementos de cerca del 30% que impidan que siga aumentando la deuda eléctrica.
De hecho, la medida serviría para acercar el precio de la electricidad al coste real de la energía y para eliminar el déficit de tarifa --diferencia entre ingresos y costes de la energía--.
Industria mantiene conversaciones con las compañías eléctricas para acabar con esta deuda del sector, que a finales durante ese año superará los 6.000 millones y superará en términos acumulados desde 2000 los 14.000 millones.
Las conversaciones con las eléctricas están avanzadas y deben concluir con un acuerdo antes de fin de año. Las fuentes indican que las negociaciones versan sobre tres principios: subidas de tarifas, un bono social para potencias de menos de 4,4 kilovatios (kW) asociado a la renta y traslado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de algunas de las partidas de la tarifa eléctrica no relacionadas con el suministro.
La negociación con las eléctricas y la revisión de tarifas guardan una estrecha relación. La pasada semana, Sebastián condicionó cualquier incremento en el recibo de la luz a que se alcance una solución sobre el déficit tarifario con las compañías eléctricas.
