El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente estas medidas a finales de mes
MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Española del Gas (Sedigas) consideró hoy que las reformas que ultima el Gobierno sobre las tarifas y los contratos de gas no supondrán un aumento de los precios para los usuarios, ya que su fluctuación depende de los mercados internacionales.
En declaraciones a Europa Press, el secretario general de Sedigás, Juan Pons, explicó que ahora mismo los precios del gas están altos como consecuencia de la incipiente subida de los precios de crudo. "Cuando el petróleo baje los precios se adaptarán al mercado, al igual que cuando se producen subidas", subrayó.
Pons aseguró que Sedigás mantuvo un encuentro con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, donde se informó de la preparación de un proyecto de ley sobre las reformas de los contratos de gas, que viene obligado por la necesidad de trasponer la Segunda Directiva europea del gas. En este sentido, indicó que, a pesar de que aún no se ha tras traspuesto esta directiva, "España es uno de los países donde va más avanzada la liberación de este mercado".
El secretario general de Sedigás indicó que estas reformas irán previsiblemente al Consejo de Ministros de finales de este mes para que apruebe un anteproyecto de ley, que luego pasará al Consejo de Estado. "A nosotros no nos han concretado en qué van a consistir estas medidas, pero esperamos que el Ministerio nos facilite el texto antes de la aprobación del Consejo de Ministros", añadió.
Respecto al conjunto de reformas que el Ejecutivo pondrá en marcha, Pons incidió en la creación de peajes interrumpibles en el mercado liberalizado, medida que ya se contemplaba en la normativa aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre sobre tarifas, cánones y retribuciones.
Destacó que estos peajes ya existían anteriormente en el sistema de tarifa y ahora se extenderán al mercado liberalizado, con lo que las clientes del este mercado podrán optar por estos peajes, que son más baratos porque tienen la desventaja de que no se garantiza el suministro cuando hay escasez de gas.
Respecto a la supresión de tarifas para los grandes consumidores de gas, Pons dejó claro que en 2005 aproximadamente el 80% del sector se encontraba ya en el mercado liberalizado. "No sólo se encuentran en este sistema los mayores consumidores de gas por su mayor poder negociador, sino también engloba ya a una mayoría de la industria cementera o azulejera", apuntó.
COMERCIALIZADORES A TARIFA.
Pons avanzó que otra de las medidas que contempla el Gobierno se centra en que el distribuidor se quede sin clientes, lo que se deriva de la respuesta de la CE sobre la aplicación de la Segunda Directiva del gas. De esta manera, el distribuidor se quedará como un gestor de redes pero no tendrá clientes y no venderá gas.
Por ello, se crearán uno o varios comercializadores que estarán obligados a suministrar gas a clientes que no quieran salir al mercado "a complicarse la vida". "Esto no hay que confundirlo con una tarifa social para gente desfavorecida", puntualizó.
En su opinión, el cambio en el distribuidor implica también el cambio en el régimen económico, ya que éstos tienen dos fuentes de ingresos, una de la cesión de sus redes a terceros y otra de las ventas obtenidas con los clientes a tarifa. "Así se altera el marco económico general y habrá que fijar nuevas reglas", estimó.
GARANTIZAR EL SUMINISTRO.
El pasado mes de enero Europa Press adelantó la puesta en marcha por parte del Gobierno de las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad del suministro de gas natural, al ser uno de los principales objetivos de la política energética del Ministerio de Industria.
En respuesta a una pregunta parlamentaria del Grupo Popular, el Ejecutivo indicó que es muy posible que el consumo de gas natural en España continúe creciendo a un fuerte ritmo en los próximos años, aunque aseguró que "este incremento irá acompañado de medidas que contribuyan a paliar los riesgos que la dependencia exterior puede conllevar".
