SANTIAGO, 22 Abr. (De la corresponsal de EUROPA PRESS Claudia Riquelme) -
La estatal chilena Corporación del Cobre (Codelco) registra diariamente pérdidas estimadas en 6,3 millones de euros debido a la huelga de los trabajadores subcontratados que mantiene paralizados a tres de cinco yacimientos de la compañía, lo que ha mermado en más de un 40 por ciento sus cifras de producción.
La huelga, iniciada por trabajadores que son empleados de empresas que prestan servicios a la mayor productora de cobre del mundo, busca que estas compañías cumplan con la Ley de Subcontratación aprobada en 2007 por el Parlamento chileno y que obliga a las empresas a mejorar las condiciones laborales, salariales y sociales de sus empleados.
Hoy, el gobierno de Michelle Bachelet reconoció que, desde el pasado fin de semana, hace gestiones para que las faenas vuelvan a su normalidad y rechazó los episodios de violencia que se han registrado en algunos yacimientos, donde ayer uno de los trabajadores resultó herido en su ojo derecho.
El ministro portavoz de La Moneda, Francisco Vidal, dijo que se están dando "instrucciones para que esto se resuelva lo más rápido posible, porque nuestro objetivo es que vuelva la normalidad a Codelco y lo más importante es que se resuelva sin violencia y conflicto".
"El Gobierno no mira para el techo en ningún problema que ocurra en el país, lo que si define es quienes son los actores que se involucran en la resolución del problema", señaló.
Vidal dijo que La Moneda recoge y coincide con el mensaje entregado hoy por los obispos chilenos, quienes se ofrecieron a mediar para terminar con el conflicto, tal como lo hicieron en 2007, cuando su intervención permitió reanudar los trabajos mineros tras cinco semanas de protestas.
"Hacemos un respetuoso llamado a todos los actores en este conflicto a abrir caminos de diálogo, sereno y constructivo, para resolver sus actuales dificultades", dijeron los religiosos en una declaración pública denominada 'Los caminos de la paz', que hoy fue dada a conocer en Santiago.
Por su parte, la patronal chilena, agrupada en la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), expresó su preocupación por esta situación, advirtiendo acerca de los peligros de "un contagio" de este tipo de manifestaciones a otras áreas productivas locales y a la pequeña minería.
El presidente del organismo, Alfredo Ovalle, además de pedir la pronta intervención del Ejecutivo chileno, dijo que existe el riesgo de que "un pequeño grupo de personas estén creyendo que han triunfado gracias a la violencia que emplean, y eso puede ser muy contagioso".
