Economía/Finanzas.- La Generalitat abre la puerta a alargar dos años el mandato de Fornesa en 'La Caixa'

Actualizado: martes, 4 abril 2006 19:27

La nueva ley catalana de cajas obligará a las entidades a dedicar un "porcentaje equilibrado y significativo" a obra social


BARCELONA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat está ultimando cambios en la ley catalana de cajas de ahorros que permitirá a sus presidentes alargar sus mandatos de los actuales cuatro años a seis, lo que abrirá la puerta a prorrogar la presidencia de Ricard Fornesa en 'La Caixa' dos años más a partir de 2007.

Además, el anteproyecto de ley de la Conselleria de Economía y Finanzas regulará por primera vez las "funciones" de los presidentes de estas entidades, que se circunscribirán únicamente a ejercer de "máximos representantes de la institución y presidentes del consejo de administración", explicaron fuentes de Economía y Finanzas.

Con esta modificación se pretende "refozar" el papel del consejo de administración de las entidades y "preservar el modelo catalán de cajas de ahorro", en el que, a diferencia del resto de España, el cargo de presidente es de carácter no ejecutivo, dejándose esta función al director general de la entidad.

El anteproyecto de ley, que el Govern aprobará en las próximas semanas para su envío al Parlamento catalán, implicará la modificación de 10 de los 53 artículos de la actual normativa de cajas, de las que sólo uno --el relativo a las funciones del presidente-- será de nueva creación. La intención de Economía es que la ley esté aprobada en noviembre de 2006.

El conseller Antoni Castells abrirá ahora una ronda informativa y de audiencia con la Federación Catalana de Cajas, cuyo presidente es precisamente Ricard Fornesa y que agrupa a las diez entidades de ahorro que hay en Catalunya. Fuentes de Economía indicaron que el actual redactado ha sido "pactado" entre los integrantes del tripartio (PSC, ERC e ICV) y han sido "informado" los partidos de la oposición (CiU y PP).

La nueva normativa establece la posibilidad de que las cajas de ahorro alarguen el mandato de sus equipos de gobierno hasta seis años, frente a los cuatro actuales, con el objetivo de "mejorar la estabilidad de los equipos de gobierno de las entidades". La norma afecta por igual a los presidentes y a los miembros del consejo de administración, que, además, tendrán un tope de doce años en el ejercicio del cargo, en línea con la normativa estatal del sector.

En esta situación se encuentran ocho de los diez presidentes de cajas de ahorros con sede en la comunidad, todas excepto Caixa Catalunya y Laietana. Este grupo gozará de una fórmula transitoria por la que podrán decidir por alargar ahora los mandatos de sus equipos de gobierno, de cuatro a seis años, o acordar que termine el actual plazo de cuatro años y, a partir de entonces, que empiece a contar el de seis.

Fuentes de Economía indicaron que el citado cambio "no obedece al caso concreto de 'La Caixa', sino que hace meses que se venía trabajando en este asunto, en línea con la reforma de la normativa de cajas a que se obligaron los integrantes del tripartito a raíz del Pacto del Tinell".

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DEL PRESIDENTE.

En el caso de las funciones del presidente, se pretende regular su papel como "máximo representante de la entidad" y, por primera vez, se establece que la entidad pueda decidir que su labor esté retribuida, de tal forma que no tenga porque compatibilizar sus funciones con la participación en órganos de gobiernos de otras empresas.

"El cambio va en la línea de reforzar el papel del consejo de administración y que la máxima representatividad ejecutiva recaiga en la figura del director general", explicaron las citadas fuentes de Economía."Son necesarias presidencias que actúen como tales", enfatizaron.

LÍMITES OBLIGATORIOS A LA OBRA SOCIAL.

Como gran novedad, la norma establecará que las cajas destinen obligatoriamente una parte "equilibrada y significativa" de sus resultados --una vez descontadas las reservas-- a obra social. La ley no establecerá una cantidad mínima o máxima y será la Generalitat, en ejercicio de sus funciones de protectado, la que acordará con cada entidad el establecimiento concreto de una cantidad.

La medida tiene un carácter preventivo, pues, según las citadas fuentes, hasta la fecha todas las cajas catalanas han tenido un comportamiento "correcto". "No es un toque de atención, pero la Generalitat velará por una correcta aplicación de la obra social del ejercicio", enfatizaron. La cantidad irá en función de la marcha económica de la entidad de tal forma que en caso de que la entidad deba hacer frente a muchas inversiones, la cantidad destinada a obra social podrá ser menor.

LIMITACIÓN A LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS ENTIDADES.

La nueva normativa obligará a las cajas a nombrar para sus órganos de gobierno exclusivamente a entidades "con representatividad social y económica en el territorio", frente a la indefinición de la actual ley. Estas entidades tienen por derecho ahora el 30% de la representatividad en los órganos de gobierno, frente al 40% de los impositores, el 20% de los trabajadores y el 10% del gobierno local, porcentajes que no se alterarán.

El objetivo es evitar que entidades que nada tienen que ver con el mundo económico del territorio donde opere la caja tengan un puesto reservado como consejeros en la asamblea o vocales en el consejo de administración, explicaron los citados medios.

LÍMITE A LAS FUNDACIONES.

La ley plantea limitaciones a la figura de las fundaciones gestoras de la obra social, para que no realicen una actividad distinta a ésta, "con el fin de que no se desnaturalicen o no cumplan con sus fines", según fuentes de Economía.

Además, la nueva norma establecerá un precepto dispositivo en el que se clarifica que los "principios de responsabilidad social y buen gobierno" no deben limitarse solo a la obra social.

OTROS CAMBIOS: DIETAS Y REGISTRO DE ALTOS CARGOS.

Entre las novedades destaca la potestad de las entidades para fijar el importe de las dietas que percibirán consejeros y vocales, para evitar, como hasta ahora, que este extremo esté fijado por igual para cada entidad por una orden de la Generalitat que data de hace quince años.

Por otra parte, se obligará a todos los altos cargos de la entidad, y no sólo los vocales del consejo y consejeros de la comisión de control, como hasta ahora, a figurar en un registro. La finalidad es detectar cualquier error o incumplimiento en el régimen de incompatibilidades.