MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
El banco Santander indicó hoy que la entidad actuó con "total transparencia" pagando los impuestos correspondientes cuando se cumplieron los objetivos a los que estaba sometido el plan de incentivos concedido a los directivos a los que en 1994 se les encomendó la gestión de Banesto, en relación a la petición de seis años de prisión para el presidente Emilio Botín y otros ocho directivos realizada hoy por la Fiscalía Anticorrupción.
Fuentes de la entidad subrayaron a Europa Press que el banco ha actuado siempre con transparencia y que en su día lo hizo del mismo modo, resaltando que la entidad pagó los impuestos en la "más estricta aplicación de la ley y de la forma más favorable para Hacienda". Asimismo, recordaron que el banco llegó incluso a pagar el triple de lo que hubiera resultado de seguir los criterios de Hacienda.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó una pena de 6 años de cárcel -alternativamente de 5 años, en función del Código Penal a aplicar-, y multa de 43,5 millones de euros para el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, y otros ocho directivos del banco por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y apropiación indebida relacionados con un plan de incentivos a los directivos de Banesto entre los años 1994 y 1998.
Según el fiscal, los imputados omitieron declarar ante la Hacienda Pública los rendimientos en especie del plan de incentivos a los directivos de Banesto, mediante la entrega a los mismos el 21 de octubre de 1994 de 6,1 millones de acciones "por un precio inferior a la real y cuya financiación sufragó el Banco de Santander", así como a la venta de acciones, en noviembre de 1996 y 1997, respectivamente, a dos directivos incorporados "mediante idéntico sistema de financiación".
Las diligencias de instrucción concluyeron que el Santander presuntamente defraudó así a la Hacienda Pública las siguientes cuotas fiscales: 7,74 millones de euros en 1994; 690.000 euros en 1995, 610.000 euros en 1996, 460.000 euros en 1997 y 380.000 euros en 1998. En total, unos 9,88 millones de euros.
El resto de procesados son Matías Rodríguez Inciarte, José Luis Díaz Fernández, Rafael Alonso Botín, Rodrigo Echenique Gordillo, Juan Secades y González-Camino, Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, Juan Carlos Rodríguez Cantanero y José María Espí Martínez.
El fiscal pide que los acusados indemnicen a la Hacienda Pública con 9,88 millones de euros, más los intereses de demora correspondientes a la cuota defraudada en cada periodo desde enero de 1995 hasta los días 9 y 11 de junio de 1999. Alternativamente a estas cantidades, solicita que paguen 13,33 millones euros, más los intereses de demora.
