SEVILLA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía propondrá al Gobierno que el nuevo sistema de financiación autonómica aborde el "diseño de mecanismos que permitan la iniciativa legislativa de las comunidades en los impuestos indirectos" sujetos a la armonización de la Unión Europea, "aunque tuviera que ejercerse de manera conjunta" para poder "hacer efectiva una auténtica corresponsabilidad fiscal compartida" entre el Estado y las comunidades autónomas.
Esta idea figura en la propuesta remitida en abril de 2006 por la Junta al Ministerio de Economía y Hacienda, que volverá a ser la base de la posición del Ejecutivo andaluz en la negociación del nuevo sistema de financiación vigente, y en la que defiende la cesión del 50 por ciento del IRPF a las comunidades "manteniendo el Estado la competencia de configuración básica del impuesto", de forma que se logre "garantizar para todo el Estado una igual definición de la capacidad de pago" que permita "compaginar autonomía financiera del Estado y de las comunidades autónomas, reequilibrio a nivel nacional y redistribución en la escala autonómica".
El documento, titulado 'Análisis de la problemática del modelo de financiación autonómica como base para su reforma. Propuesta desde Andalucía' y al que ha tenido acceso Europa Press, demanda además una "participación equivalente" de las comunidades en los impuestos indirectos que gravan el conjunto del consumo --tanto el IVA como consumos específicos sometidos a impuestos especiales armonizados-- para que las haciendas autonómicas puedan "disponer de un sistema fiscal equilibrado".
Según la Consejería andaluza de Economía y Hacienda, los impuestos sobre el consumo "tienden a ser más homogéneos en su distribución entre comunidades y bastante estables en el tiempo (puesto que el consumo es una magnitud más estable que el empleo o la renta) haciendo participar en el sostenimiento de los servicios públicos a cuantos se benefician de ellos, no sólo a los residentes", por lo que considera que "mantener porcentajes significativos de su recaudación asociados a las competencias autonómicas constituye una garantía de estabilidad para los ingresos".
ARMONIZACIÓN EUROPEA
No obstante, la Junta advierte de que los impuestos sobre el consumo "presentan el inconveniente de aportar poca autonomía financiera real, al exigir la armonización europea la existencia de tipos únicos para cada Estado, lo que determina que su cesión suponga una mera participación territorializada de la recaudación total, distribuida de acuerdo con índices de consumo, que deberían ser sencillos y transparentes".
En este sentido, el documento señala que "si queremos evitar tal situación, reforzando realmente la autonomía financiera de las comunidades autónomas, será preciso diseñar mecanismos que permitan la iniciativa legislativa de las comunidades en estos impuestos indirectos armonizados, aunque tuviera que ejercerse de manera conjunta", ya que, en su opinión, "sólo así se haría efectiva una auténtica corresponsabilidad fiscal compartida, y ello exige órganos compartidos de codecisión".
Según el Ejecutivo andaluz, para que las comunidades tengan "auténtica iniciativa legislativa" en el ámbito de las grandes figuras compartidas es necesaria tanto "transformar el Senado en auténtica Cámara de representación territorial, que para estas materias debería actuar como Cámara de primera lectura", como crear agencias tributarias autonómicas con "fórmulas de colaboración e imbricación mucho más intensas con la Agencia Estatal" para garantizar un funcionamiento eficaz que evite "un incremento de los costes de administración, minimizando los riesgos de fraude fiscal y facilitando el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a los ciudadanos".
MÁS CERCA DE LA DEPENDENCIA QUE DE LA AUTONOMÍA FINANCIERA
En su análisis del sistema vigente, la Junta señala que "la dirección de la autonomía financiera es la correcta", pero el proceso es "excesivamente lento porque hay margen entre los recursos tributarios que actualmente gestiona la administración central del Estado para atribuir mayor potencial fiscal a las haciendas autonómicas", al punto que indica que "la situación actual dista mucho de acercarse al objetivo de autonomía y nos sitúa más cercanos a una situación de dependencia".
Tomando como referencia la liquidación del ejercicio de 2003, el departamento que dirige José Antonio Griñán pone de manifiesto que las comunidades autónomas "sólo tenemos alguna posibilidad de actuación, si bien limitada, sobre el 42 por ciento de los ingresos", lo que califica como una situación de "franca minoría autonómica", y que además se centra "casi exclusivamente en la variación de los tipos de gravamen, sin que pueda afectarse en lo fundamental a la configuración de las bases impositivas".
Junto a ello, la Junta alerta además sobre la existencia de "grados muy diferentes de autonomía financiera real" en las distintas comunidades, lo que se traduce en "importantes desigualdades de cara al nivel de prestación de los servicios al que potencialmente podrían acceder los ciudadanos", algo que atribuye al "distinto peso de cada figura tributaria en la 'cesta específica' de cada comunidad, al escogerse un porcentaje de cesión uniforme para todo el Estado, y la distinta dinámica de cada uno de los impuestos".
