MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha elevado al Tribunal Constitucional (TC) la cuestión de inconstitucionalidad de la norma autonómica sobre el impuesto de grandes superficies, tras la denuncia presentada por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED).
Según el auto al que tuvo acceso Europa Press, el TSJA plantea la inconstitucionalidad del artículo 21 de la Ley 15/2002 de 27 de diciembre de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales del Principado de Asturias, por el que se crea dicho tributo.
El tribunal regional considera que la norma autonómica incurre en falta de competencia para establecer el tributo impugnado, vulnera los principios de libertad de empresa, de igualdad en la contribución al sostenimiento de gastos públicos y de seguridad jurídica.
Concretamente, el TSJA entiende que dicho artículo podría constituir, no tanto un supuesto de doble imposición sobre una misma cuestión, sino un impuesto que recae sobre el mismo hecho imponible ya gravado por el Estado o corporaciones locales.
El mismo argumento, en tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o Impuesto de Actividades Económicas (IAE), emplea el tribunal asturiano para plantear que la norma regional vulnera la libertad de empresa.
Tampoco considera que el impuesto regional esté fundamentado en la protección del territorio y el medio ambiente, porque no atiende al impacto de las grandes superficies en estos ámbitos, sino a la titularidad de la gran superficie comercial en función de los metros cuadrados destinados al estacionamiento.
Por otro lado, el auto del tribunal asturiano apunta a que la norma vulnera el principio de igualdad consagrado en la Constitución, al suponer medidas que gravan únicamente a las grandes superficies, mientras que no afecta a locales destinados a otras actividades como la hostelería o los espectáculos.
La patronal que defiende los intereses de El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Ikea y Eroski, entre otras empresas, presentó un recurso frente a la resolución de la Consejería asturiana de Hacienda de 2003 que aprobaba el modelo de declaración de alta, modificación y baja en el impuesto sobre grandes superficies comerciales.
Con anterioridad, ANGED recurrió el decreto 191/2003 de 4 de septiembre por el que se aprobaba el reglamento del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales. El TSJA anuló entonces la norma, por considerar que no se ajustaba a derecho, y la sentencia se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo.
