MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno aseguró hoy que está "a la espera de conocer el contenido y el alcance" de la decisión de la Justicia argentina de intervenir Aerolíneas Argentinas, propiedad de Marsans, según informaron fuentes de Exteriores a Europa Press.
Las mismas fuentes señalaron que el Gobierno confía "en una solución negociada" y que ambos ejecutivos están "ya en contacto".
La medida fue adoptada hoy por el titular del Juzgado Federal de lo Contencioso Administrativo número dos, Esteban Furnari, a petición del Gobierno argentino tras una presentación realizada el martes por el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, quien personalmente acudió a la sede de Aerolíneas Argentinas para notificar la noticia.
Jaime informó a la prensa de que el juez Furnari designó como observador judicial e interventor en la compañía a José Luís Perrone, mientras que confirmó en su puesto de director general de ambas empresas aéreas a Julio Alak, designado tras el acta-acuerdo firmada por el Gobierno argentino y el grupo Marsans para acordar la venta de las dos empresas el pasado 17 de julio.
El Congreso argentino está terminando de presentar un proyecto de ley para expropiar Aerolíneas Argentinas y Austral por el valor simbólico de un peso. La presentación del proyecto de ley se realizará el próximo lunes.
El Tribunal de Tasaciones de la Nación sostuvo que las dos empresas tienen un patrimonio negativo de 832 millones de dólares (663 millones de euros), valoración en la que se amparan los legisladores para pedir la expropiación de las compañías.
El grupo Marsans sostiene en cambio que las dos compañías podrían valer hasta 500 millones de dólares (398 millones de euros), según la valuación realizada por el banco Credit Suisse.
Como los legisladores prevén que la decisión del Congreso será rechazada por Marsans, en el proyecto de ley se establece que será la Procuración General del Tesoro el organismo que se encargará de defender al estado argentino de posibles demandas.
Directivos de Marsans ya anunciaron que están dispuestos a reclamar una compensación por valor de 1.000 millones de dólares (795 millones de euros), en caso de concretarse la expropiación, ante el CIADI, el tribunal de resolución de conflictos que dependiente del Banco Mundial (BM).
