MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno no excluirá a ninguna empresa de los procesos de licitación pública por hecho de que las retribuciones de sus administradores "puedan ser reputadas excesivas", ya que redundaría en "ofertas menos ventajosas" para la Administración y plantearía "problemas" a escala de la Unión Europea, y apuesta por medidas que garanticen la máxima transparencia" en esta materia.
Así lo señala en una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, al diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, quien reclama medidas "sancionadoras" y "coercitivas" para limitar los salarios de los consejeros y directivos de sociedades cotizadas que concurran a ofertas de contratos públicos, o se beneficien de fondos públicos, como en los casos de Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
En este sentido, el Gobierno señala que el acceso a las licitaciones se encuentra regulado en la normativa comunitaria, que en España refleja la Ley de Contratos del Sector Público, y que ninguno de sus supuestos "ampararía" medidas de este tipos.
Además, advierte de que si se excluye a todas las empresas europeas que incurran en este supuesto, afectaría a las libertades de establecimiento y de movimientos de capitales, mientras que si se circunscribe a las empresas nacionales se las estaría discriminando en relación con otras sociedades europeas que desarrollarán análogas pautas retributivas.
EL GOBIERNO NO VALORA LOS SUELDOS EN EL IBEX
Llamazares destaca que, según los datos recogidos en el último Informe Anual de Gobierno Corporativo publicado por la CNMV, 21 de las 35 empresas del Ibex 35 subieron el sueldo a sus consejeros en 2009, con un incremento global del 14,9% respecto de 2008 y una retribución media por consejero de 602.000 euros, un 15,5% más que el año anterior.
El Gobierno, que elude valorar en su respuesta este aumento de las retribuciones, afirma que en el contexto económico y financiero actual, "se ha puesto de manifiesto la necesidad de avanzar en aspectos regulatorios relativos a los sistemas retributivos", pero defiende que ya se recogen en el proyecto de Ley de Economía Sostenible, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados.
MEDIDAS EN LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE
En este sentido, recalca que la norma determina que las sociedades cotizadas deberán difundir y someter a votación de la Junta General de Accionistas un informe sobre las remuneraciones de sus consejeros y principales ejecutivos y sobre la política de remuneraciones presente y prevista.
En este informe sobre la aplicación de la política de remuneración se incluirá, no sólo información agregada, sino también individualizada sobre dichas remuneraciones, tal y como marcan las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno Corporativo y la Comisión Europea.
Las medidas van más allá en el caso del sector financiero, imponiendo obligaciones sobre aquellos empleados cuya actividad profesional pueda tener impacto en el perfil de riesgo, ya que deberá informar sobre el proceso de decisión utilizado para determinar la política de remuneración, especialmente en el caso de que tenga carácter variable o prevean la entrega de acciones o derechos sobre ellas, así como sobre la relación entre remuneración, las funciones realizadas y los riesgos de la entidad.
