MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Industria no ve "elegante denunciar" a la Comisión Europea por su exigencia al Gobierno español de que retire varias condiciones a la OPA de Enel y Acciona sobre Endesa, por lo que dejará que sea el propio Ejecutivo comunitario el que lleve el caso al Tribunal de la Unión Europea para que éste resuelva el conflicto, indicó hoy el secretario general de Energía, Ignasi Nieto.
Nieto pronosticó que el caso "va a acabar en el Tribunal de Luxemburgo" e indicó que, pese a que el Gobierno "apoya" a la Comisión, en este asunto existe "discrepancia". "Entendemos que aspectos sobre la regulación del suministro son compatibles con el Derecho comunitario", señaló para defender la postura de España.
Ante las diferencias planteadas entre España y la UE sobre la OPA, Nieto consideró que "lo mejor es que un juez decida", y recordó que en varias ocasiones la Comisión ha perdido litigios planteados ante el Tribunal de Luxemburgo. "Hay muchos casos al año" como el de Endesa que acaban en instancias judiciales comunitarias, añadió.
Industria ya adelantó que estudiará en profundidad la decisión de la Comisión Europea de declarar ilegales la mayoría de las condiciones impuestas por España a Enel y Acciona para adquirir Endesa, y mantiene que las mismas son proporcionales y ajustadas al Derecho comunitario.
La Comisión ve ilegalidad en condiciones como la obligación de mantener a Endesa como empresa independiente, incluida su marca, y su centro de toma de decisiones en España; la obligación de comprar ciertas cantidades de carbón nacional para la generación de energía; y la exigencia de conservar los sistemas de electricidad insulares dentro de Endesa.
Bruselas ha exigido que antes del 10 de enero de 2008 el Gobierno español retire las condiciones impuestas el pasado 4 de julio por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y modificadas parcialmente por Industria el 19 octubre.
Son ya varios los encontronazos entre España y la Comisión a propósito de la OPA de Endesa. A principios de año, Bruselas denunció ante el Tribunal de Luxemburgo el decreto de febrero de 2006 que amplió las competencias de la CNE, y además declaró ilegales las condiciones impuestas a la fallida oferta de los alemanes. Pese a que E.ON desistió de la operación, el caso sigue en el tribunal europeo.
