BRUSELAS, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha anulado la norma comunitaria que obliga a publicar los nombres de los beneficiarios de las ayudas agrícolas y los importes específicos percibidos por considerar que vulnera el derecho de éstos a la vida privada y a la protección de datos y por ello constituye una medida desproporcionada al objetivo de transparencia.
La sentencia responde a sendas demandas interpuestas por una empresa agrícola y un agricultor alemanes, que solicitaron a la justicia de su país que bloqueara la publicación de los datos que les conciernen. El Tribunal Administrativo de Wiesbaden (Alemania) consideró que la normativa de la UE que obliga a publicar esos datos constituye una lesión injustificada del derecho fundamental a la protección de los datos de carácter personal, por lo que pidió al TUE que analizara su validez.
En su dictamen de este martes, el TUE indica que la publicación en un sitio web de los datos nominales de los beneficiarios de ayudas agrícolas comunitarias y de los importes recibidos "constituye una lesión del derecho de los beneficiarios afectados al respeto de su vida privada, en general, y a la protección de sus datos de carácter personal, en particular, ya que tales datos resultan, así, accesibles a terceros".
En este contexto, el Tribunal de Justicia considera que, si bien es cierto que en una sociedad democrática los contribuyentes tienen derecho a ser informados de la utilización de los fondos públicos, las instituciones europeas deberían haber ponderado los diversos intereses en conflicto y establecer diferencias en función de la duración de las ayudas percibidas, de su frecuencia o del tipo y magnitud de las mismas, algo que no hicieron.
La sentencia llega así a la conclusión de que el Consejo de ministros de la UE y la Comisión "han sobrepasado los límites que impone el respeto del principio de proporcionalidad al obligar a publicar datos de carácter personal de todas las personas físicas beneficiarias" de ayudas agrícolas. Y por ello declara inválida la norma de la UE que obliga a esta publicación.
