Unos 30.000 trabajadores defienden la Europa social ante la Cámara de Estrasburgo en un ambiente festivo
ESTRASBURGO (FRANCIA), 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
La directiva sobre liberalización de servicios en el mercado interior de la Unión Europea va camino de abrirse paso en la Eurocámara después de las modificaciones introducidas al polémico texto por los dos principales grupos políticos.
Durante el debate celebrado esta tarde se visualizó un posible acuerdo en torno a una propuesta menos liberal y más proteccionista, pero habrá que esperar hasta el jueves, que es cuando se vota, para saber el respaldo que tiene el compromiso alcanzado la pasada semana por conservadores y socialistas.
Los Verdes y la Izquierda Unitaria ya han anunciado su voto en contra porque encuentran las enmiendas pactadas por el PPE y el PSE muy lejos de sus posiciones.
Los primeros esgrimen la indefinición jurídica y la falta de transparencia de la normativa enmendada, mientras los segundos justifican su rechazo en el hecho de que persiste una "zona gris", por lo que seguirán reclamando una referencia "explícita" a la primacía legislativa del país de destino donde la empresa preste sus servicios.
El caballo de batalla sigue siendo el llamado 'principio de país de origen' en virtud del cual una empresa podría aplicar la legislación del Estado miembro en el que tiene su sede independientemente del país en el que ejerza su actividad.
PROTECCION A LOS CONSUMIDORES
Este término desaparece del compromiso alcanzado por socialistas y populares, pero no el concepto. Según el pacto, se reconoce el principio general al libre acceso y libre ejercicio de la actividad, pero los Estados miembros podrán exigir requisitos adicionales por razones de "orden público, seguridad pública, política social, protección a los consumidores, protección medioambiental y salud pública".
El PPE está dividido respecto a la inclusión de la "protección al consumidor" al considerar que puede ser usado por los países como pretexto para frenar la liberalización. De hecho, a falta de fijar la posición del grupo en la reunión que tendrá lugar esta noche, es más que probable que las delegaciones de los países nórdicos y de los países del Este, los conservadores británicos y los españoles opten por excluir este requisito y voten en contra.
Otro aspecto controvertido es el ámbito de aplicación de la directiva. En este caso, se ha llegado al acuerdo de dejar fuera los servicios bancarios y financieros, los transportes que estén cubiertos ya por disposiciones comunitarias y los llamados "servicios de interés general", es decir los servicios públicos.
Tampoco será de aplicación para el sector público sanitario --está por ver si también se excluye la sanidad privada--, el sector audiovisual, los juegos de azar, las agencias de trabajo temporal, las agencias de trabajo temporal o los notarios. Además de los puntos más controvertidos, la directiva es prolija y las enmiendas presentadas al texto que se someterán al voto del jueves llegan a 400.
NUEVA PROPUESTA
La Comisión Europea, por su parte, urgió a cerrar un acuerdo sobre una normativa que colea desde 2004 y a la que muchos culpan de buena parte del 'no' francés a la Constitución Europea. El presidente del Ejecutivo comunitario, Jose Manuel Durao Barroso, dijo en el pleno que "era hora de dejar atrás las divisiones y crear las condiciones para un acuerdo".
De salir airosa en el Parlamento, la directiva tendría que pasar el visto bueno del Consejo y volver luego a la Eurocámara para su aprobación definitiva. Quizás por ello, el responsable de mercado interior, Charlie McGreevy, se comprometió, después del voto en el PE, a presentar una propuesta revisada antes de finales de abril.
También el presidente del PPE, el alemán Hans Gert-Poettering, expresó el deseo de su grupo de que en la cumbre de primavera que se celebrará los próximos 23 y 24 de marzo, el Consejo Europeo alcance acuerdo político sobre el resultado del texto parlamentario.
BOLKESTEIN HA MUERTO
Por su parte, el presidente de los socialistas en la Eurocámara, Martin Shulz, se felicitó de que se haya dado una respuesta simultánea a las empresas y a los consumidores garantizando el progreso y el modelo social europeo al mismo tiempo. Por ello proclamó que "Bolkestein a partir de hoy ya no existe".
Esta visión no la compartió el líder de los democráta-liberales, Graham Watson. "Puedo confirmar que Bolkestein sigue vivo y coleando", dijo tras defender el principo de 'país de origen' y acusó a sus colegas de "levantar barreras escudándose en la protección de los trabajadores".
DIRECCION CORRECTA
Mientras los eurodiputados exponían sus posiciones en el hemiciclo unos 30.000 trabajadores, según datos de la Policía, en su mayoría alemanes y franceses, se manifestaban por las calles de Estrasburgo en medio de un ambiente festivo contra el 'dumping' social y en defensa del modelo social europeo.
En la cabeza de la manifestación se encontraba el secretario general de la UGT, Cándido Méndez, quien recordó que la principal reivindicación de los convocantes --la Confederación Europea de Sindicatos (CES)-- es pedir cambios "profundos, claros y sencillos" respecto al proyecto inicial de directiva que, a su modo de ver, atenta "directamente contra la Europa social".
Exigen, en concreto, abolir el 'principio de país de origen', al entender, según Méndez, que es un "golpe en la línea de flotación a la cohesión sociolaboral". Se quiere, además, preservar el derecho a la negociación colectiva y a la huelga y excluir los servicios públicos, las empresas de trabajo temporal y las de seguridad privada del ámbito de la directiva.
Aunque Méndez quiso ser prudente a la espera del voto admitió que hay "elementos favorables" porque hay un cambio en el Parlamento que va "en la dirección correcta".
