El Gobierno advierte un aumento de la economía sumergida y quiere mejoras porque la menor recaudación pone en riesgo el sistema
MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las afiliaciones en el régimen general de empleadas del hogar durante los primeros seis meses del año --periodo transitorio para la puesta en vigor de la nueva normativa-- han aumentado un 28,31%, hasta las 378.427 personas, un dato que contrasta con la caída del 4% en la recaudación obtenida de este colectivo como consecuencia de que se declaran menos horas por semana y bases de cotización inferiores.
Así lo ha explicado este lunes el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, durante su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso para presentar el balance del periodo transitorio de la puesta en marcha de la integración del régimen especial de la Seguridad Social de los Empleados del Hogar en el régimen general.
Según el informe de la Seguridad Social, hasta el 31 de agosto --dos meses después del periodo transitorio-- se habían dado de alta en el régimen general 378.427 empleados del hogar, de los cuales 374.604 figuran en el sistema especial, mientras que 3.823 están en el extinguido régimen especial hasta que concluyan situaciones de incapacidad temporal o permiso, cuando deberán incorporarse al nuevo sistema.
Esta cifra supone un incremento del 28,31% respecto de los 294.916 trabajadores que estaban en el régimen especial a finales de 2011, lo que suponen 83.511 altas de afiliados. Sin embargo, se trata de un dato "muy modesto" con respecto a los más de 640.000 trabajadores que, según la EPA, estaban en el régimen especial de empleados del hogar a finales de 2011.
FUGAS DEL SISTEMA REGULAR
"Una parte muy importante de la economía sumergida no ha sido atraída por la nueva normativa", ha reconocido Burgos, añadiendo que 74.524 personas "se perdieron en el proceso" de regularización y que se está trabajando para "recuperarlas" porque probablemente "el modelo les ha sacado de la economía regular", algo que podría acentuarse con el incremento progresivo previsto en los costes fiscales para los empleadores.
Sin embargo, este incremento no se ha visto reflejado en un aumento equiparable de la recaudación que, por contra, ha caído un 4% entre enero y junio respecto del mismo periodo del año pasado, lo que supone una pérdida de 5,22 millones de euros mensuales que, proyectados durante todo un año, elevan las pérdidas para la Seguridad Social a 63 millones de euros.
Esta pérdida de recaudación se deriva, según Burgos, por un aumento de las deducciones del 20% aplicables a las cuotas --cuya supresión podría conllevar, a su vez, una reducción de las afiliaciones-- y también por una menor recaudación íntegra como consecuencia de la "aplicación de dos normativas diferentes simultáneamente" pero también por la elección de bases de cotización inferiores y la declaración de menos horas de trabajo.
Y es que, según el informe, las bases de cotización se han reducido un 30% de media con respecto al año pasado. "Las bases de cotización se han embolsado o en la parte más alta (36% de afiliados) o en las partes más bajas (32% por debajo de los 234,16 euros), cuando probablemente deberíamos haber asistido a una distribución más homogénea o incluso a una concentración en la parte media", ha reconocido Burgos.
Además, según el secretario de Estado en la información del primer semestre del nuevo régimen se "han verificado comportamientos muy divergentes en cuanto al número de horas medias semanales trabajadas", que son o menos de 20 o más de 40 a la semana, en función de que el trabajador esté dado de alta como empleado fijo y continuo o discontinuo y parcial.
"También es especialmente llamativo que más del 85% son trabajadores con un solo empleador mientras que menos del 5,66% tiene dos o más empleadores", ha apostillado, subrayando el "muy significativo impacto" que todos estos aspectos tienen sobre la recaudación y, sobre todo, en la sostenibilidad a futuro de este régimen de cotización.
PRESTACIONES
De hecho, la Seguridad Social está ofreciendo 87,45 millones de euros de prestaciones al conjunto de empleadas del hogar en un total de 176.836 expedientes, el 80% de los cuales son de jubilación. Estas pensiones sólo suponen el 1,98% del total del sistema, y de media suponen 494,50 euros mensuales "sin grandes diferencias territoriales", frente a los 938 del régimen general o los 832,6 euros de media del sistema.
"Si se produce una pérdida de cotizaciones y de recaudación esto también va a conllevar una pérdida de derechos (a pensiones de jubilación). Hay que ver cómo evoluciona la afiliación en relación con cómo habría evolucionado con la anterior normativa, que mantenía una tasa media de afiliación positiva incluso con la crisis", ha alertado Burgos, recordando que dar una mayor seguridad a los empleados del hogar era uno de los objetivos de la reforma de 2011, junto con el afloramiento de la economía sumergida en este sector.
Según el responsable de la Seguridad Social, los ciudadanos consideran que el sistema que se está aplicando es "muy complejo, muy complicado de gestionar" por todos los trámites administrativos que hay que realizar para el alta o la baja, pero también para cualquier cambio en el número de horas trabajadas o bases de cotización. Especialmente dado que muchas de las personas implicadas en estos procesos no tiene experiencia para gestionarlos.
"Queda mucho por recorrer en el ámbito de la integración de las empleadas del hogar a todos los efectos. Hay que hacer un análisis más de calidad. No nos interesa tanto el número como la calidad de esa afiliación y cómo el nuevo sistema mejora la situación precedente. Y hay datos de la realidad del ciudadano en este régimen de que su situación no ha mejorado", ha zanjado.
ESTE NO ES LA REFORMA QUE HABRÍA HECHO EL PP
Además, ha reconocido que ésta no es la reforma que el PP habría aprobado, y ha instado a la Comisión a mejorarla en aspectos como bonificaciones, ámbito de aplicación, tramos de cotización, sistema de notificación, empresas de servicios o cotizaciones; aunque alertando de la complejidad de la vía inspectora.
"Hay que ver con mucho interés las soluciones de otros países, que se sostienen en gran medida en alternativas fiscales. Tenemos que estar abiertos a, en su momento, cuando sea posible, darle una vuelta al apoyo fiscal. Pero antes es posible hacer muchas cosas en el ámbito de la Seguridad Social y en el diseño de una relación laboral menos compleja", ha apostillado.
INTRODUCIR MEJORAS
Tras la intervención de Burgos, la oposición ha aplaudido el cumplimiento de la previsión de información recogido en la normativa, aunque ha recordado que aún se debe hacer un mayor esfuerzo en detectar la economía sumergida. Además, ha criticado la gran complejidad del procedimiento y los costes que conlleva para los empleadores, cuando en muchos casos están en una "economía de supervivencia". "Hay que hacer que las diferencias entre los costes de la contratación formal y de la contratación informal sean lo menores posibles", ha recomendado el diputado de CiU Carles Campuzano.
En la misma línea, han reclamado modificaciones en otras normativas, como la Ley de Extranjería, dado que la mayor parte de los afiliados en este régimen son mujeres extranjeras; y también la Ley de Dependencia para no permitir que estos trabajadores acaben realizando labores que corresponden a otros profesionales y que conllevan retribuciones superiores.
