Los sobrinos del fundador del gigante de la distribución esgrimen que han sufrido "un expolio" en el proceso de venta
MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Corte Inglés ha mostrado su oposición a que el Tribunal Supremo realice una nueva valoración de las acciones que están en manos de los hermanos Areces Fuentes, sobrinos del fundador del gigante de la distribución, y ha pedido que confirme el precio de 16,2 millones de euros que ofreció inicialmente en el proceso de venta.
La batalla legal que mantiene la compañía y los sobrinos del fundador desde 2005 por la venta de una participación conjunta del 2,04% del capital se ha trasladado este jueves al Tribunal Supremo para estudiar los recursos interpuestos contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de diciembre de 2009.
Esta sentencia, que las partes califican de "ilógica" y "errónea", desestimaba sus valoraciones sobre el paquete accionarial, pero dejaba en el aire su cuantía por no tener los "elementos necesarios" para ello.
Ante la Sala de lo Civil, el abogado del Corte Inglés, Antonio Hernández Gil, ha pedido la confirmación de una resolución dictada en primera instancia por el Juzgado Mercantil número 7 de Madrid que obligaba a vender los títulos por 16 millones de euros, frente a los 40 millones que pedían los hermanos Ramón, Rosario y María Jesús Areces Fuentes.
A su juicio, la revalorización del paquete accionarial constituye ahora una "clarísima extralimitación del cauce procesal". Además, ha defendido la validez de la valoración del auditor designado por el Consejo de Administración de la compañía, que utilizó el método más "correcto" para fijar el precio de las acciones.
VALORACIÓN "ARBITRARIA"
La letrada Alicia Herrador, en representación de los hermanos Areces, ha advertido de que éstos han sufrido "un expolio" en el proceso de venta como consecuencia de la "arbitraria" valoración efectuada por el auditor Leandro Cañibano, designado por parte de la compañía.
Frente a este informe, ha puesto en valor la valoración aportada por el exsecretario de Estado de Economía José Manuel Campa y por el profesor de IESE Pablo Fernández, que se ajustó a "documentos públicos" y a las normas técnicas, estableciendo un precio "razonable".
No obstante, ha evocado la legislación establecida en 2002, que ofrece la posibilidad de que el auditor fuera designado por el Registro Mercantil para tener mayores garantías de imparcialidad. Esta norma ha sido calificada como una "incompatibilidad legal sobrevenida" y "un problema de interpretación estatutaria" por parte de la defensa de El Corte Inglés.
La abogada de los hermanos Areces ha tachado además de "ilógica, errónea y arbitraria" la valoración de la prueba efectuada por la Audiencia de Madrid y ha criticado que este órgano vulnerara el derecho a la tutela judicial efectiva de sus clientes al no pronunciarse sobre el fondo de la cuestión. "Es un grave supuesto de incongruencia omisiva", ha concluido.
