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VALLADOLID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos UGT, CC.OO, CSI-CSIF y el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) advirtieron hoy al Ministerio de Justicia que alrededor de 9.000 funcionarios de Justicia en toda España irán a la huelga el próximo lunes si se niega a convocar la mesa sectorial de negociaciones antes del próximo viernes, 1 de febrero.
Los responsables de estos sindicatos ofrecieron hoy en Valladolid una rueda de prensa para informar sobre la convocatoria de huelga, que consideran que tendrá un respaldo "unánime" de los funcionarios.
Los funcionarios exigen una homologación salarial entre los órganos de la Administración judicial que no está transferida y aquellos que dependen de las comunidades autónomas donde tienen competencias.
El coordinador estatal de Justicia de Comisiones Obreras, Javier Hernández, explicó que las diferencias laborales entre los trabajadores que dependen directamente del Ministerio y los que se encuentran en órganos competencia de las comunidades autónomas puede llegar a 200 euros mensuales, lo que suponen cantidades de 2.400 euros al año menos para los empleados de servicios no transferidos.
En concreto, los trabajadores afectados son los de las comunidades de Asturias, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Extremadura, así como los de Ceuta y Medilla y los órganos centrales radicados en Madrid como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Registro Civil Central o la Fiscalía General del Estado, entre otros.
Hernández considera "inadmisible" que el Ministerio se niegue a negociar cuando se habla de criterios de homogeneidad para trabajadores que prestan los mismos servicios, una reivindicación de hace más de diez meses.
Por su parte, el responsable de UGT, Joaquín Vela, añadió que las diferencias también son de las condiciones de trabajo, las cuales se pide que también sean similares en todo el Estado.
La consecuencia si no se llega a una solución, según Vela, es que se podría llegar a una Justicia "de primera y de segunda" con funcionarios motivados que saquen adelante un trabajo y otros que no tengan la misma motivación.
MEJORAS EN JUSTICIA.
El "fin último" de las movilizaciones" es mejorar un servicio público, por lo que Vela también pidió la comprensión del ciudadano, ya que la situación podría agravarse el próximo año con diferencias salariales mensuales que llegarían a los 300 ó 350 euros.
Además, aseguró que los trabajadores se comprometen a su vez a colaborar en las mejoras de la Oficina de Justicia una vez que se negocien estas reivindicaciones. Vela recordó que en otras ocasiones los servicios mínimos impuestos llegaron incluso a un 30% y a veces fueron "abusivos", por lo que se llegó a impedir el derecho a la huelga de algunos trabajadores.
El responsable de CSI-CSIF, Juan Antonio Martín, incidió en que además de los temas económicos hay otras cuestiones que son objeto de reivindicación como la mejora de las guardias, el régimen disciplinario o el sistema de promoción de los funcionarios.
Martín hizo extensiva la petición de comprensión a los jueces y magistrados, además de a los ciudadanos, porque considera que no ha quedado otra solución que la huelga general tras haber agotado "todas las vías habidas y por haber". Los responsables sindicales recordaron que esta huelga provocará retrasos en los procesos ordinarios.
