MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó hoy un objetivo de estabilidad para el conjunto de las comunidades autónomas del 0,25% del PIB para 2008, sin perjuicio del déficit por inversiones del 0,25% del PIB regional previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Esta cifra de superávit supone un revisión al alza del equilibrio previsto para el año 2008 el pasado año, y, de acuerdo con la nueva ley, responde a un escenario macroeconómico que prevé un crecimiento económico superior al 3% hasta 2010.
Según señaló el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, el objetivo de estabilidad marcado supone "mejorar algo la situación ligeramente superavitaria actual".
El siguiente paso en la puesta en marcha de la Ley de Estabilidad Presupuestaria será la distribución de este objetivo entre las diferentes comunidades autónomas en una posterior reunión del CPFF.
En la reunión mantenida hoy entre el Gobierno y los consejeros de los diferentes comunidades autónomas, también se han acordado los criterios para aplicar el déficit adicional permitido a éstas por inversiones productivas previsto en la ley.
Según esta norma, las comunidades autónomas pueden incurrir, de manera excepcional, en un déficit de hasta un 0,25% del PIB regional cuando éste se dedique a la financiación de incrementos de inversión en programas destinados a atender actuaciones productivas.
El acuerdo incluye entre estas actuaciones, incluso cuando tengan carácter medioambiental, las relativas a las infraestructuras en redes de transporte, las infraestructuras hidráulicas, los equipamientos de carácter energético, de telecomunicaciones o industriales, la inversión en formación de capital humano, y la inversión en investigación, desarrollo e innovación.
Dada su naturaleza excepcional, cada comunidad autónoma sólo podrá ejecutar un programa de forma simultánea y deberá justificar que dicho programa va a contribuir a la mejora de la productividad de la economía regional. Además, al menos un 30% de la financiación de estas inversiones deberá correr a cargo del ahorro bruto de la comunidad autónoma, de manera que el endeudamiento vinculado a estos programas tendrá, en su caso, una cuantía máxima del 70% del importe total del programa.
A la hora de autorizar los programas de inversión, la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que se debe tener en cuenta el nivel de endeudamiento. El CPFF ha acordado hoy que, para emitir su autorización, el Ministerio de Economía y Hacienda contemple la ratio de deuda/PIB de la comunidad autónoma a 31 de diciembre del ejercicio anterior a aquel en el que se presenta la solicitud.
En el caso de las comunidades autónomas. cuya ratio de deuda se sitúe por encima de la media, podrán incurrir en déficit por inversiones siempre que no requieran un incremento de endeudamiento o, en caso contrario, a condición de que la ratio de su deuda/PIB en cada año de ejecución del programa de inversiones no supere el registrado a 31 de diciembre de 2006.
Por otro lado, en el turno de ruegos y preguntas los consejeros mostraron su preocupación por la financiación de las necesidades derivadas de la Ley de Dependencia. Solbes aseguró al respecto que las decisiones en torno a esta financiación corresponden al Congreso Interterritorial de Depencia, no obstante, preció que "el gran punto" que se plantea son las cantidades adicionales que aporta el Estado y en que medida tienen que ser complementadas por cantidades adicionales de las comunidades autónomas".
En este sentido, indicó que el dinero destinado a esta política de dependencia "ya se transfirió en su día a las comunidades autónomas", aunque, precisó, éstas consideran las aludidas cantidades adicionales de "excesivas".
