BRUSELAS, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea autorizó hoy a la región flamenca de Bélgica a conceder una ayuda de 3,5 millones de euros a la fábrica de Volvo en Gante para actividades de formación. Las autoridades flamencas pretendían en un primer momento que el importe de la subvención ascendiera a 6 millones de euros, pero Bruselas obligó a reducir esta cantidad por considerar que podría distorsionar la competencia entre las fábricas de ensamblaje comunitarias.
La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, resaltó que esta modificación en la ayuda "significa que Volvo no se beneficiará de subvenciones para programas de formación que habría puesto en marcha en cualquier caso". "Estas subvenciones habrían sido injustas para los competidores de Volvo", agregó.
"El resultado final es un paquete de ayudas de calidad que permitirá aumentar el número de trabajadores cualificados, estimular el crecimiento económico y crear empleos, garantiza a Volvo condiciones de competencia equitativas", afirmó la comisaria de Competencia.
Bélgica notificó en mayo de 2007 a la Comisión la intención del Gobierno flamenco de conceder 6,02 millones de euros a un programa de formación en la fábrica de Volvo en Gante, que forma parte de Ford Motor Company. La planta, que abrió en 1965, da trabajo a 4.800 personas y produjo 240.000 coches Volvo en 2006.
En su evaluación preliminar, el Ejecutivo comunitario expresó sus dudas de que el apoyo de las autoridades belgas fuera compatible con el mercado único, porque no incitará a la empresa a emprender actividades de formación adicionales sino que servirá únicamente para cubrir los costes de que la plantilla aprenda a manejar la nueva plataforma de producción que Volvo quiere introducir en la planta de Gante.
Estos costes hubieran sido asumidos por el fabricante incluso si no hubiera recibido ninguna subvención, con lo cual, a priori, ésta no es necesaria y podría constituir simplemente una ayuda al funcionamiento que distorsionaría la competencia en el mercado automovilístico y que por tanto está prohibida por la normativa comunitaria.
Por ello, Bruselas abrió una investigación en profundidad en septiembre de 2007. Las autoridades flamencas reconocieron entonces que una parte de la formación sería organizada por la empresa incluso sin la ayuda, porque era necesaria para el funcionamiento de la nueva plataforma.
No obstante, alegaron que una parte del programa iría más allá de lo necesario para el funcionamiento de la plataforma y serviría para reforzar las cualificaciones de los empleados. Por ello, redujeron el presupuesto de la ayuda a 3,5 millones de euros.
