BARCELONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña ha observado seis motivos de inconstitucionalidad en el Proyecto de ley de Seguridad Industrial de la Generalitat, que regulará el nuevo régimen de concesión de las Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
Según el organismo, no está "bastante justificada" que la Generalitat establezca tarifas mínimas por el servicio de inspección y control, ya que "limita la libertad de empresa" prevista en la Constitución.
Asimismo, estima que el apartado tres del artículo 33 de la ley "vulnera la normativa básica estatal" al establecer la autorización automática a los operadores actuales de Cataluña y no a los del conjunto de España.
CIU CREE QUE SE ALARGARÁ LAS CONCESIONES DE APPLUS+.
El diputado de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, explicó a Europa Press que los seis puntos de inconstitucionalidad observados por el Consejo corresponden en realidad a cuatro artículos.
Indicó que el relativo al establecimiento de tarifas mínimas es fácilmente "solventable", mientras que el segundo es "el más gordo". "Dice que todos los operadores (del conjunto de España) deberían tener autorización automática" en aplicación de la legislación estatal, mientras que el Proyecto de ley sólo concedería esta autorización para "los cuatro que operan en Catalunya", indicó Pujol.
Si se modifica el proyecto para eliminar la concesión de autorizaciones automáticas, según Pujol, los actuales operadores de las ITV en Cataluña rechazarán airadamente la reforma, por lo que abogó por "pactar" con los mismos.
Por otra parte, Pujol consideró que, tras el dictamen del Consell Consultiu, la Generalitat deberá alargar las concesiones a los actuales operadores de los centros de certificación de ITV, puesto que "no tiene tiempo" de aprobar el actual proyecto legislativo.
Applus+ (Agbar, Unión Fenosa y Caja Madrid), primer concesionario de las ITV de Cataluña, tuvo con el anterior Gobierno de CiU una prórroga en su concesión hasta 2011, que la actual Administración catalana decidió anular en agosto de 2004.
TRABAJO E INDUSTRIA DICE QUE EL PROYECTO ES CONSTITUCIONAL.
Por su parte, la Conselleria de Trabajo e Industria destacó que el Consultiu "estipula claramente" la constitucionalidad del nuevo modelo para regular todas las materias relativas a la seguridad industrial que recoge el Proyecto de ley y "deja claro" que el paso de régimen de concesión a uno de autorización regulada, que permitirá incrementar el número de operadores en competencia, es del todo constitucional.
Asimismo, subrayó que estos servicios son demandados por los solicitantes de los mismos para cumplir con una obligación legal impuesta por las administraciones para garantizar la seguridad, por lo que no es un mercado de competencia abierta, razón por la que la Administración debe velar por la competencia entre operadores y al mismo tiempo que esta no afecte a la calidad de las inspecciones.
La Conselleria también recordó que diversos informes jurídicos "cuestionaban la corrección" de la tramitación de la prórroga aprobada por el anterior Gobierno de CiU, "entre ellos el propio informe del Consell Consultiu".
