MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
Endesa presentó hoy un recurso contra el auto del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid en el que la eléctrica pide una rebaja del aval solidario por importe de 1.000 millones de euros que la juez exige para hacer efectiva la suspensión de la tramitación de la OPA de Gas Natural.
En fuentes de la compañía que preside Manuel Pizarro indicaron a Europa Press que Endesa ha presentado este recurso ante el propio Juzgado de lo Mercantil, que debe dar traslado del escrito a la Audiencia Provincial de Madrid.
Si la Audiencia Provincial estima que el recurso es pertinente, pedirá a las partes implicadas --Endesa por un lado y Gas Natural e Iberdrola por otro-- que formalicen sus argumentos al respecto. Sería entonces cuando Endesa debería cuantificar la rebaja del aval que solicita.
En cualquier caso, la Audiencia Provincial de Madrid dispone de un plazo de veinte días para adoptar una decisión en relación con el recurso presentado por Endesa.
Esta iniciativa es independiente del escrito que presentó ayer la eléctrica ante el mismo Juzgado de lo Mercantil, en el que pide a la juez que aclare si el aval puede constituirse recurriendo a préstamos de la propia empresa.
En este mismo escrito solicita que el plazo de diez días para la presentación de dicho aval no empiece a correr hasta que la juez haya realizado la correspondiente aclaración sobre la fórmula de depósito del aval.
El consejo de administración de Endesa tiene previsto reunirse el próximo viernes, 31 de marzo, para decidir si deposita o no el aval establecido por el juzgado para hacer efectiva la suspensión de la OPA de Gas Natural.
La titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, Miriam Iglesias, ha dictado un auto en el que ordena suspender la tramitación de la OPA formulada por Gas Natural sobre Endesa, así como la ejecución del contrato suscrito entre Gas Natural e Iberdrola para la cesión de activos a la eléctrica por parte de la gasista, supeditando su efectividad al depósito en diez días de un aval bancario por importe de 1.000 millones de euros, con el fin de responder a posibles daños y perjuicios derivados de esta decisión.
