MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ministerios de Industria ha contestado en los mismos términos que en anteriores ocasiones a la carta de emplazamiento de la Comisión Europea acerca de las condiciones a Enel y Acciona para comprar Endesa, esto es, defendiendo su legalidad y su ajuste al Derecho Comunitario, indicaron fuentes del departamento dirigido por Joan Clos a Europa Press.
Las fuentes explicaron que Industria ha decidido no anular las condiciones y que en su contestación, que se produce en el plazo establecido por Bruselas, reitera la postura defendida hasta ahora, en la se que evoca la proporcionalidad y necesariedad de las condiciones para garantizar el suministro energético en España.
A finales de enero, la Comisión envió una carta de emplazamiento al Gobierno español, primera fase de un procedimiento de infracción. Además, acortó de dos meses a sólo 15 días, hasta hoy, el plazo que tienen las autoridades españolas para responder antes de pasar a la siguiente etapa.
En aquel momento, el Ejecutivo comunitario expedientó de nuevo a España por no haber retirado las condiciones impuestas a la OPA. Bruselas entiende que los requisitos son ilegales porque vulneran los principios de libre circulación de capitales y de mercancías y el derecho de establecimiento, y porque fueron impuestos sin notificación previa, pese a las competencias exclusivas de la Comisión para examinar la fusión.
El Ejecutivo comunitario ya lanzó un ultimátum al Gobierno en diciembre y le exigió que eliminara las condiciones antes del 10 de enero. Sin embargo, las autoridades mantuvieron la postura inicial.
La apertura de un expediente significa que el caso acabará con toda probabilidad ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Sólo un cambio de posición del Gobierno español podría evitar evitar el recurso ante la justicia comunitaria.
La semana pasada, el Tribunal de Luxemburgo declaró ilegal la 'Ley Rato', que fue diseñada en 1999 para frenar la entrada de EDF en Hidrocantábrico. La norma establece que cualquier empresa extranjera con capital público que quiera comprar más del 3% de una eléctrica española tiene que pedir autorización al Gobierno.
