MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Economía del PP, Miguel Arias Cañete, aseguró hoy que el Gobierno "ha dinamitado la confianza y la credibilidad" en la Comisión Nacional de la Energía (CNE), el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tras la decisión de autorizar definitivamente la OPA de Gas Natural sobre Endesa. Cañete recordó además que es la primera vez que un Gobierno "desoye" un dictamen del TDC en el sector energético.
El diputado 'popular', que ofreció una rueda de prensa en la sede de la calle Génova, acusó al Gobierno de "haber sacrificado los intereses de todos los españoles para favorecer una serie de intereses particulares" al no haber tenido en cuenta los informes de los organismos sobre la repercusión de la operación mercantil.
En este sentido, Cañete señaló que el Ejecutivo ha obviado incluso el contenido de los votos particulares de algunos consejeros del TDC que imponían una serie de condiciones para la realización de la operación (aunque la mayoría del organismo recomendó que no se autorizara), ya que el Ejecutivo "ha rebajado" las condiciones que éstos fijaron en su momento.
El portavoz 'popular' afirmó que el Gobierno "ha seguido exclusivamente los dictados de la CNE y de su presidenta, Maite Costa". "Es increíble que Solbes se haya quedado totalmente desactivado --explicó-- porque el criterio que se ha seguido ha sido el de la CNE, hecha a la medida por Montilla".
"A SOLBES LE HAN METIDO UN GOL"
"Se trata de una decisión contraria a los intereses nacionales pero no se trata sólo de eso porque a Solbes le han dejado en el banquillo y el gol lo ha metido Montilla", agregó Cañete, quien afirmó además que la decisión del Gobierno "contradice" el programa electoral del PSOE en cuanto a mantener la independencia de los organismos reguladores y velar por la transparencia del mercado.
Preguntado por la posibilidad de recurrir la decisión del Ejecutivo ante alguna instancia judicial, Cañete explicó que sólo podrían hacerlo aquellas organizaciones o colectivos que se sintieran directamente perjudicados por la decisión.
No obstante, subrayó que existe "una amplia panoplia jurídica" que podría utilizarse para ello y que, en cualquier caso, "hay elementos suficientes encima de la mesa". "Bastaría con dejar al Servicio de la Defensa de la Competencia que hiciera su trabajo. Los funcionarios del SDC son muy competentes y bastaría con que se les dejase hacer su trabajo", concluyó.
