MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los operadores de telecomunicaciones han pedido al Ministerio de Industria acortar al máximo los plazos para la liberación del dividendo digital y poder así disponer cuanto antes o, al menos, en el plazo máximo previsto, de las frecuencias de 800 MHz para servicios de cuarta generación móvil, según han informado fuentes de los operadores a Europa Press.
Por esta razón, las compañías han incluido esta petición entre las alegaciones que se presentarán a Industria en relación al plan técnico que va a permitir la liberación definitiva de esta parte del espectro radioeléctrico, ocupada ahora por cadenas de televisión, y que permitiría llevar el 4G a poblaciones más pequeñas, dar mayor cobertura geográfica y ofrecer una mejor calidad en el interior de edificios.
Según han explicado las fuentes, con el fin de asegurar que las frecuencias de 800 MHz están disponibles para el despliegue de redes LTE es fundamental llevar a cabo el cese de las emisiones de televisión que actualmente emplean esta banda.
Así, entre las alegaciones, se contempla que pase de un mes a 15 días el plazo que se da para que desde la publicación del Real Decreto en el BOE los titulares de licencias del servicio de comunicación audiovisual televisiva emitan en los nuevos múltiples asignados.
En caso de que no se acepte la reducción del plazo, se propone dar una fecha concreta con el fin de garantizar que se cumple con los plazos fijados, que establecen el 31 de diciembre de 2014 como fecha límite para el cese de las emisiones de televisión en la banda de 800 MHz.
Telefónica, Vodafone y Orange, que actualmente han desplegado en España el 4G en las bandas 1.800 Mhz y 2.600 Mhz, ya desembolsaron 1.300 millones de euros en 2011 para poder disponer de la banda de 800 Mhz.
Por otra parte, fuentes de los operadores han indicado que les hubiera gustado que el plan técnico incluyera alguna referencia al segundo dividendo digital al fin de atender a la futura liberación de la banda 700 MHz, también para comunicaciones móviles, de forma que se minore los costes y perjuicios para los ciudadanos.
