La fianza, de 3,6 millones de euros, queda pendiente de resolución
VIGO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -
El caso de los tres barcos apresados en Noruega por supuesta pesca ilegal --el 'Arosa 9', 'Arosa 12' y 'Arosa 15'-- propiedad de la armadora viguesa Transpesca, ha pasado a manos del Fiscal del Distrito de Tromsoe y Finmark, quien comunicó a la empresa que la multa que solicita asciende a 2,7 millones de euros.
Así lo confirmó hoy la armadora, que apuntó además que, al fijarse la fecha del juicio para el próximo 27 de noviembre, el fiscal se hace cargo ahora del caso y es quien da instrucciones a la policía para rebajar la multa, fijada con anterioridad en 4,6 millones de euros.
La armadora, que recibió esta comunicación hoy, calificó este hecho de "victoria moral" ya que, según recordó, hace menos de un mes la policía le reclamó 9,3 millones de euros y, poco después, rebajó la sanción a los citados 4,6 millones. "Esta nueva situación --insiste el comunicado-- da razones a Transpesca para pensar que todas cuantas acciones legales ha emprendido en Noruega han sido en la dirección correcta".
Con respecto a la fianza, que fijó un juez de Tromsoe el pasado 27 de julio en 3,6 millones de euros, queda pendiente de resolución ya que, según explicó la armadora, ésta no puede ser superior a la sanción propuesta.
Asimismo, desaparece la apelación presentada a la citada fianza aunque la armadora sigue manteniéndola con el fin de que se reduzca, puedan depositarla, y consigan hacer regresar los barcos a España, algo que todavía no le ha sido notificado a la empresa.
SANCIÓN "DESPROPORCIONADA"
Por otra parte y según defendió el equipo jurídico de Transpesca, que trabaja en Noruega desde que se produjo el primer apresamiento, el pasado día 5 de julio, la nueva reducción de la multa es consecuencia de la aceptación, por parte del fiscal, de los argumentos defendidos por Transpesca tanto en la vista oral que se celebró el 25 de julio como en la posterior apelación a la fianza.
En este sentido, concluye que la sanción que reclamaba la policía era "desproporcionada", como señaló desde el inicio la armadora, e insiste en que "no existía en este caladero precedente alguno".
Desde que los barcos fueron apresados y tuvieron que cesar su actividad, la armadora ha tenido que hacer frente a unos gastos que ascienden a 150.000 euros y, además, aún no ha cobrado las cargas de la marea.
