VIGO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -
La armadora Transpesca acusó hoy al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de eludir sus "responsabilidades" con respecto al apresamiento de tres de sus barcos bacaladeros por parte de autoridades pesqueras Noruegas, en aguas del caladero de Svalvard.
En concreto, la empresa lamentó las "reiteradas negativas" del departamento que dirige Elena Espinosa a colaborar legalmente en el conflicto, que va a cumplir dos meses el próximo 5 de septiembre.
Asimismo, criticó las manifestaciones de Espinosa en una carta remitida al ayuntamiento de Vigo, en la que la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación mantiene la vía diplomática como solución al apresamiento de los barcos.
Transpesca recriminó que la Administración española siga negándose a pagar la fianza de los barcos a pesar de que la falta que cometió es administrativa y España es la encargada de sancionarla.
Por otra parte, aseguró no tener conocimiento de las gestiones para asistir a la compañía y a la tripulación que, según la carta enviada al ayuntamiento de Vigo, el MAPA habría llevado a cabo, y reiteró que la vía diplomática "no ha aportado soluciones" ni en este caso ni en otros similares, con el consiguiente perjuicio económico para las empresas.
Además, la armadora discutió otra de las afirmaciones que se recogen en la misiva, en la que Elena Espinosa advierte de que hay un tercer país en discordia; en este caso, Transpesca recordó que los tres barcos apresados ('Arosa9', 'Arosa 12' y 'Arosa 15') fueron interceptados en aguas internacionales.
INTERESES EMPRESARIALES
En la carta firmada por la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación ésta señala que la actividad empresarial de intereses españoles en el exterior se rige por la normativa interna del país en cuestión.
No obstante, Transpesca insistió en que es una sociedad anónima española, con tripulación y bandera españolas, sujeta al pago de impuestos en España y a las leyes pesqueras españolas.
Asimismo, la armadora aclaró que no tiene intereses en el exterior, si no que desarrolla su actividad en el caladero internacional del archipiélago de Svalvard, con licencia del Gobierno español.
En ese sentido, lamentó que la administración española ha dejado a la empresa y a los trabajadores en un "total desamparo".
Transpesca volvió a reclamar al Ejecutivo un "papel más activo" en el conflicto, mientras sigue a la espera de que las autoridades noruegas tomen una decisión sobre la fianza y la multa, ya que el aval, de 3,6 millones de euros, es superior a la sanción, de 2,7 millones de euros, una circunstancia que no permite la normativa en vigor.
