La oposición apoyar tramitar en el Congreso la proposición de ley sobre infracciones para, por lo menos, debatir sobre el fondo
MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -
El PP ha criticado este martes en el Congreso la proposición de ley de CiU para regular un régimen de infracciones y sanciones ante la morosidad, tachándola de "electoralista" y rechazando regular las relaciones contractuales privadas.
Durante su intervención, el diputado 'popular' Fernando López-Amor ha criticado que los nacionalistas catalanes, que "no han tenido ningún interés en pactar y hablar" de la propuesta con el PP antes de presentarla, traten de "patrimonializar" un asunto que preocupa a todos los grupos y sobre el que el Gobierno de Mariano Rajoy ha tomado abundantes medidas presupuestarias (plan de pago a proveedores) y normativas (Ley de Deuda Comercial). "Si hay alguien que se haya preocupado por acabar con la morosidad ha sido este Gobierno y el PP", ha llegado a decir.
Pero, además, ha afirmado que el texto de CiU es "manifiestamente mejorable" porque "confunde churras con merinas" con propuestas como dejar en manos de las comunidades autónomas el régimen sancionador, y que puedan multar al Estado. "No es de recibo y me parece una broma", ha dicho.
El diputado cree asimismo que con el régimen de infracciones y sanciones propuesto "no sólo no mejoraría la situación" sino que provocaría que el sector público "meta la cabeza en una relación privada entre partes", algo "inaudito e impensable". "El ámbito de la autonomía de la voluntad no puede ser quebrado por el sector público, y esa voluntad debe ser la que negocie los periodos de pago. En el sector público ya lo hemos regulado, pero en el sector privado debe existir un ámbito de libertad, de no regulación", ha insistido.
MÁS MULTAS NO SUPONE MENOS DELITO
López-Amor ha añadido a renglón seguido que "más multas no supone menos delitos", y ha recordado además que las directivas de la UE no van por la vía coercitiva, sino que recomiendan a los estados miembros "la provisión de un título ejecutivo a los 90 días del cumplimiento de pago, con el control en manos de los tribunales".
También ha recordado que hay sectores, como el de las aseguradoras de crédito, que podrían verse "lesionadas" por un régimen infractor como el propuesto. "Pero como está en juego algo que al PP le toca en el alma mucho, nos reservamos el voto hasta el final", ha concluido.
ERRADICAR LA MOROSIDAD
Por su parte, el portavoz económico de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, ha explicado que su propuesta busca regular un régimen de sanciones e infracciones contra la morosidad, con el objetivo de "erradicar" los retrasos en los pagos en las operaciones comerciales entre agentes privados o entre agentes privados y administraciones. Pero, además, con estas medidas se podría "salvar muchas pymes y autónomos" y "homologar" la legislación española en la materia a las europeas.
Tras recordar que este asunto siempre ha estado en el centro de las preocupaciones de los nacionalistas catalanes, el diputado ha recordado que aunque se ha reducido la morosidad desde el año 2010, cuando España era "el país más moroso de la UE", aún hay que hacer un mayor esfuerzo para reducir los plazos de pago y acercarlos a los de los países "más competitivos" de nuestro entorno.
De hecho, el diputado catalán cree que el "gran esfuerzo" de poner "los contadores a cero" con el plan de pago a proveedores del Ministerio de Hacienda podría "no servir de absolutamente nada" si ahora no se aprueba un sistema de infracciones y sanciones que obligue a todos los agentes comerciales a cumplir la ley y a reducir sus plazos de pago de 85 a 72 días en el caso de los privados y de 111 a 30 para las administraciones.
Por todo ello, la propuesta plantea incorporar un nuevo título a la Ley de Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de 2004, con el fin de "regular de forma expresa, clara y concisa" el régimen infractor y las sanciones correspondientes, al que quedarían sujetas "todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y las entidades de cualquier naturaleza jurídica".
ES CULPA DE LA AUSTERIDAD
Por el PSOE, Félix Lavilla ha reconocido compartir la necesidad que percibe CiU de "reducir los plazos de pago que las empresas pequeñas sufren, muchas veces por parte de las grandes, que pagan mal y normalmente muy tarde", en gran parte por culpa de las políticas de austeridad. "Hablar de las pymes en este país es hablar del 90% del tejido industrial y de dinamizar la economía. Y muchas veces, las multas pueden ser un estímulo para que unas empresas paguen a otras", ha indicado.
No obstante, ha matizado que no todo en la iniciativa de los nacionalistas catalanes les convence, y ha abogado por hacer más graduales las multas, fijar el destino del dinero para inyectarlo en la economía o revisar la posibilidad de que las comunidades puedan decretar el cierre temporal de las empresas.
AL MENOS DEBATIR
El portavoz de Economía de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Alberto Garzón, ha reconocido ver "insuficientes o mal diseñados" algunos aspectos de la proposición, pero cree que ante una legislación sobre morosidad "aún defectuosa" hace falta "un debate riguroso y tranquilo" para atajar uno de los principales problemas que sufren las pymes en esta crisis.
Por UPyD, Álvaro Anchuelo ha reconocido que el enfoque de CiU no les "convence demasiado", ya que cambia la orientación de dar instrumentos a los agraviados para reclamar sus deudas por un enfoque coercitivo en que la Administración sancione a quien incumple. Como críticas, ha mencionado que se incrementa la burocracia y las cargas administrativas a las empresas, los problemas competenciales o que se asuma que "el que no paga es porque no quiere, y no porque no pueda porque otro no le pague a él".
No obstante, dado que el debate se centra en si tramitar o no la propuesta, la formación magenta considera que ésta "sería una buena ocasión tramitar la proposición para reflexionar y perfeccionar la legislación sobre morosidad", un problema sobre el que se ha avanzado pero que no está solucionado.
EL PEZ GRANDE NO PUEDE COMERSE AL PEQUEÑO
El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, comparte la preocupación por los efectos de la morosidad en las pymes, sobre todo en un contexto de restricción del crédito, ya que acaba conduciendo a las empresas pequeñas "irremediablemente al cierre". "Que el pez grande se coma al chico en el mar mantiene el ecosistema, pero en el mundo empresarial no es sostenible ni entendible, y mucho menos si es por el incumplimiento manifiesto de una ley", ha añadido.
De hecho, ha advertido, "se puede dar la paradoja de que el moroso sobreviva a costa de los que sufren la morosidad" y ha afirmado que "sólo existe una manera de corregir estas prácticas: las sanciones y multas que hagan poco atractivo el incumplimiento de la ley".
"Sería deseable una cultura de la no morosidad, pero es difícil en un país donde la cultura del chapuceo y del robo está aún vigente. Esperemos que la crisis también cambie esta cuestión y el impago sea mal visto y reprobado", ha deseado, lamentando por último que este problema no se haya atajado antes y avisando al PP de que no puede decir que defiende a los empresarios y luego votar en contra de esta iniciativa.
Teresa Jordà, de ERC, ha recordado que las pymes y autónomos son "la base" del tejido económico, por lo que "es imprescindible que dejen de ser la excepción" en la regulación fiscal para ser "la regla en un sistema tributario que estimule la inversión, la innovación o la exportación". "Deben tomarse medidas en ese sentido y también para evitar los efectos tributarios de la morosidad", ha resaltado.
Desde la tribuna de invitados ha seguido el debate el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), Antonio Cañete.
