MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
El PSOE se abstendrá en la convalidación del decreto ley de Medidas urgentes en materia concursal que el Pleno del Congreso debatirá y votará este jueves, con el ánimo de poder acordar modificaciones en algunos aspectos relevantes durante su tramitación como proyecto de ley, a la que ya se habría comprometido el Gobierno.
Así lo ha explicado el portavoz adjunto de Economía socialista en el Congreso, Jesús Caldera, a los medios de comunicación tras reunirse con representantes de las asociaciones de autónomos, con las que ha abordado el problema de las micropymes y los autónomos personas físicas cuando sus negocios quiebran.
En este sentido, el principal partido de la oposición cree que el decreto ley es "muy importante para la economía nacional y el empleo" pero que le "falta un procedimiento específico para las circunstancias" de las empresas pequeñas y los autónomos, cuya situación "no está bien resuelta".
SEGUNDA OPORTUNIDAD
"Es indispensable abrir un capitulo específico con un procedimiento sencillo que les permita tener una segunda oportunidad, porque eso será bueno para el empleo y la economía, e incluso para los acreedores, que de ese modo podrán cobrar más que ahora", defiende Caldera.
Según el PSOE, hay al menos medio millón de casos de quiebra de microempresas y autónomos que se han producido desde el inicio de la crisis, de los que entre 250.000 y 300.000 "arrastran sus deudas de por vida y no por una negligencia o una mala gestión, sino casi siempre porque hubo otros que les dejaron a deber cantidades importantes".
En cualquier caso, dado que los socialistas no se oponen al conjunto de la norma aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 5 de septiembre, en el debate del jueves mantendrán una "tendencia positiva" hacia el texto pero optarán por la abstención para "facilitar" durante la tramitación como proyecto de ley a la que ya se ha comprometido el PP "la incorporación de estas inquietudes", que también comparte el propio Gobierno.
"Si solucionamos este grave problema que nos queda pendiente tendremos un sistema concursal que facilitará el desendeudamiento de la economía, y eso facilitará nuevas inversiones, más crecimiento económico y más empleo. El jueves nos abstendremos, pero con un discurso en positivo, buscando una solución y ofreciendo una propuesta solvente, sensata y razonable en la negociación que, estoy seguro, se abrirá paso y nos permitirá luego votar a favor del proyecto de ley", ha confiado el diputado.
PROBLEMA HISTÓRICO
También las asociaciones de autónomos ATA, CEAT, OPA, UATAE, UPTA y CEPYME confían en que se pueda dar solución a este "problema histórico" del colectivo que, por boca del presidente la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA), Sebastián Reyna, han reiterado al Gobierno 'popular' la necesidad de que cuando las personas físicas tienen que liquidar su negocio, sus deudas "no les acompañen de por vida".
"Es un tema que venimos quince años intentando solucionar pero al que nunca se ha dado una solución global, sino sólo parciales que hasta el momento no han tenido resultado", ha recordado, apuntando que la última vez que se trató este tema fue en la negociación de la Ley de Emprendedores pero que también en ese caso las medidas fueron "muy reducidas". "Y ellos son conscientes", ha añadido Reyna, en referencia a los responsables de Economía.
Por eso, ahora pide un cambio en la Ley Concursal que pase por "revisar la situación de las deudas públicas con Hacienda y la Seguridad Social, sobre las que hasta ahora no se podían hacer quitas, y que se revisen globalmente las deudas bancarias de los autónomos para que puedan tener siempre una segunda oportunidad".
Dos temas, reconoce, "complejos" pero fundamentales para que "los autónomos que tienen que cesar su actividad puedan volver de nuevo a la actividad sin tener que ocultar nada de su patrimonio, sino de manera transparente y clara y con seguridad jurídica". "Es un tema complejo técnicamente pero que estamos convencidos de que se podría resolver definitivamente aprovechando esta oportunidad", añade el responsable de UPTA.
Preguntado sobre si estos cambios se deberían aplicar retroactivamente, Reyna señala que es "complejo" porque la mayor parte de las personas físicas no hacen concurso de acreedores, por lo que habría que revisar sus deudas, y ha abogado por una "solución de verdad efectiva" y que "no sea tan complicada que al final no se pueda llevar a cabo" para nadie.
A la reunión entre las asociaciones de autónomos y el PSOE también han asistido el portavoz parlamentario socialista, Antonio Hernando; el secretario general del Grupo Socialista, Miguel Ángel Heredia; y el portavoz de Economía, Valeriano Gómez.
REMATE DE LA LEY CONCURSAL
Tras las diferentes reformas de los procedimientos concursales que el departamento que dirige Luis de Guindos ha aprobado a lo largo de la legislatura, este decreto pretende ser el remate de la reforma, para aplicar a los concursos la filosofía que ya se aplica en la fase de preconcurso.
Así, según la memoria de impacto del decreto ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, se facilitará que el fundamental desendeudamiento del sector privado sea "lo más rápido y eficiente posible" superando las "disfunciones" del proceso concursal que se han detectado en los últimos años, y que hacen que el número de concursos en España sea muy superior al de otros estados miembros y que también sean más los procesos que acaban en liquidación.
"Además, en la liquidación el resultado tiende a ser la enajenación por separado de los activos de la empresa, lo que impide el mantenimiento de la actividad productiva y de los puestos de trabajo", reconoce el Ejecutivo, que cree que con estos cambios se conseguirá un "impacto económico positivo" sin nuevos costes públicos ni cargas administrativas, y sin tener efectos sobre la competencia, aunque no cifra esas proyecciones.
Y, para conseguirlo, se extiende al concurso las previsiones sobre la valoración de las garantías sobre las que recae el privilegio especial que ya se aplican en el preconcurso, se amplía el quórum de la junta de acreedores, se posibilita la cesión de bienes en pago de las deudas bajo determinadas cautelas, se cambian las votaciones y mayorías para facilitar los convenios, y se obliga a valorar el conjunto de la empresa o de sus distintas unidades productivas para que los potenciales interesados en su adquisición conozcan su valor real aproximado.
En estos casos, también se permitirá la subrogación automática de los derechos y obligaciones derivados de contratos existentes, sin necesidad de consentimiento de la otra parte, así como en las licencias o autorizaciones administrativas, sin que esto suponga responsabilidad por créditos impagados por el deudor antes de la transmisión salvo en el caso de deudas tributarias o con la Seguridad Social.
Asimismo, se amplía "notablemente" el contenido posible del convenio, permitiendo quitas "sin límite", esperas más elevadas y conversiones de deuda en capital social, préstamos participativos o cesiones en pago o para pago; se crea un portal con información sobre las empresas en liquidación y se crea una comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y reducción de sobreendeudamiento.
"Es preciso que este marco regulatorio esté en vigor con la mayor celeridad", insiste el Ejecutivo, justificando así la elección del decreto ley para aprobar estos cambios
