15 de agosto de 2020
5 de marzo de 2014

PSOE, IU y nacionalistas rechazan la nueva Ley de Representación Agraria por falta de garantías democráticas

PSOE, IU y nacionalistas rechazan la nueva Ley de Representación Agraria por falta de garantías democráticas
CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU, el PNV y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) han registrado en el Congreso sendas enmiendas de totalidad pidiendo la devolución al Gobierno del proyecto de ley de Representatividad Agraria, alegando que sustituir un proceso electoral por una mera consulta priva al procedimiento de las garantías democráticas necesarias.

En su enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas afirman que el modelo actual de representatividad agraria (aprobado en 2009) "ha funcionado razonablemente bien" por lo que, a su juicio, "no se aprecia la necesidad de modificarlo" si no es para introducir una "verdadera mejora", cosa que el texto del Gobierno no hace.

En primer lugar, porque "establece como mecanismo fundamental una consulta" sujeta a la normativa administrativa y no a la Ley Electoral, lo que limita las "garantías democráticas". Y, en segundo lugar, porque la decisión de celebrar esta votación de forma simultánea en todo el territorio puede provocar la "incoherencia" de tener "resultados diferentes" a nivel nacional y en las comunidades autónomas.

PROBLEMAS CON EL CENSO

El principal partido de la oposición también advierte de los "problemas" que puede causar la forma de determinar el censo que plantea el Gobierno, que permitiría que "un amplísimo colectivo de sujetos" no vinculados directamente con la agricultura --"notarios, agentes inmobiliarios, la Iglesia Católica"-- puedan votar y otros agricultores activos no. "Es necesario garantizar que sean los profesionales agrarios los que exclusiva y efectivamente tengan la condición de electores", reclama el PSOE.

Finalmente, advierte de que si las organizaciones profesionales agrarias tienen que centrarse "incluso financieramente" en las labores electorales "no podrán hacer frente" a sus tareas de defensa y representación del interés general. Además, apunta a posibles choques competenciales con las comunidades autónomas y recuerda que con la actual normativa se garantizaba la instalación de mesas "en número y cercanía suficiente" para facilitar la participación.

En cuanto a las formas, el PSOE critica que el proyecto haya sido presentado con una "absoluta falta de negociación previa" con los afectados así como con una "falta notable de consenso", a diferencia de lo que ocurrió con la vigente normativa, que fue "pactada por la práctica totalidad de las fuerzas parlamentarias y que todavía no se ha visto plenamente implementada". "Desconocemos a qué intereses responde esta nueva norma y la urgencia del Gobierno en tramitarla", concluye el PSOE.

FALTA DE GARANTÍAS

En la misma línea, IU-ICV-CHA critica que el proyecto de ley sustituya las elecciones por una consulta que "en la práctica tendrá los efectos de un proceso electoral pero sin las garantías democráticas necesarias". "Es el colmo del despropósito", añade en su enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press.

También lamenta que no se regule "absolutamente nada" en relación con la campaña electoral --propaganda, actos de campaña, medios de comunicación, gastos y subvenciones, infracciones y sanciones, etc.-- para "garantizar la igualdad de oportunidades", y que "no se garantice el voto por correo de forma personal, directa y presencial para impedir cualquier tipo de intermediación".

Además, reprocha los "criterios absolutamente cuestionables", "discriminatorios y arbitrarios" para la composición del censo electoral. "El derecho al voto sólo puede pertenecer a los verdaderos profesionales del sector. Es inaceptable que puedan ser electores personas físicas que no tengan actividad agraria real", añade.

Junto a estas críticas, la Izquierda Plural añade la limitación a la participación que se consagra en el texto con la decisión de ubicar una mesa por cada 1.400 electores, lo que "dificultará la participación" sobre todo en las provincias donde más distancia existe entre la capital y los municipios agrarios.

Con respecto al nuevo Consejo Agrario, IU-ICV-CHA cree que no se le dotan de las "competencias básicas" en materia de interlocución, como son la negociación y la concertación, como para poder ejercer su labor básica de representación del mundo agrario.

BUSCA CONCENTRAR LA REPRESENTATIVIDAD

Los nacionalistas catalanes, por su parte, comparten con el Gobierno la "necesidad de dotar al sector agrario de mayor protagonismo en la vida pública y en la toma de decisiones que afectan de manera directa a sus intereses", pero discrepa del procedimiento elegido en este proyecto de ley.

En particular, creen que sustituir un proceso electoral por una consulta supone hurtar al procedimiento de "todas las garantías" electorales. Además, alega que los requisitos establecidos para conseguir representación --que son superiores a los fijados para los diputados del Congreso-- "se orientan más al objetivo de concentrar fuertemente esta representatividad que a garantizar su pluralidad".

También tiene dudas sobre la elaboración del censo y la determinación de quiénes pueden participar en las elecciones, ya que se incluye a "personas que no ejercen la actividad agraria de forma habitual" mientras se "excluye a personas jurídicas como la Sociedad Civil Particular (SCP), una forma societaria muy extendida en Cataluña".

Por eso, CiU cree que se debería posibilitar que las organizaciones profesionales agrarias tanto de ámbito estatal como autonómico puedan ser candidatas y obtener representación en el Consejo Agrario y que "resultaría más coherente a la distribución competencial" del Estado celebrar un proceso de elecciones simultáneas en todo el país.

CONCULCA COMPETENCIAS AUTONÓMICAS

Finalmente, el PNV alega en su enmienda de devolución al Gobierno, a la que ha tenido acceso Europa Press, que el cambio de normativa no es necesario y que el modelo propuesto por el Ejecutivo considera a las organizaciones profesionales como asociaciones sindicales, "optando, en consecuencia, por un precepto preconstitucional" que "carece de fundamento constitucional expreso".

Además, critica que el Ejecutivo apueste por un sistema que "no es un auténtico proceso electoral" sino "una consulta" carente de las garantías inherentes a las elecciones. "La consulta propuesta constituye una suerte de intervención estatal en el ámbito autonómico, y las organizaciones profesionales de ámbito regional pueden verse difuminadas o infravaloradas en su propio ámbito de actuaciones al verse concernidas por una consulta única y centralizada", advierte la formación jeltzale.

De hecho, los nacionalistas vascos creen que la "posible incidencia en el ámbito competencia exclusivo autonómico" también se ve en la intención de instaurar un "sistema de carácter centralizado y uniforme, en el que se elimina cualquier intervención de las comunidades".

Finalmente, el BNG acusa al Gobierno de abundar en su "política recentralizadora" al establecer una única circunscripción electoral, lo que supondrá "excluir a las entidades agrarias que no sean de carácter estatal", y rechaza también que no se tenga en cuenta "de manera prioritaria" la vinculación con el sector agrario para ser elector o que no se garanticen derechos fundamentales como la igualdad de la mujer en la representación.

Las enmiendas serán debatidas el próximo jueves en el Pleno del Congreso, aunque previsiblemente resultarán rechazadas por la mayoría absoluta de los 'populares'. Los grupos parlamentarios tienen de plazo hasta el día 11 de marzo para presentar sus propuestas de modificaciones parciales.