Subraya que no prejuzga el resultado de los contenciosos abiertos, tanto a nivel europeo como español
MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones con Red Propia (Redtel) ha considerado que los autos del Tribunal Supremo que rechazan la petición de paralizar la aportación de los operadores de telecomunicaciones al presupuesto de RTVE "no cambian en nada la situación", ya que únicamente se está pronunciando sobre la solicitud de suspensión de pago de la tasa.
Así, Redtel señala que, teniendo en cuenta que ya se han realizado los pagos correspondientes a 2010, la decisión sobre la suspensión cautelar "no cambia la situación ni prejuzga el resultado de los contenciosos abiertos, tanto a nivel europeo como a nivel español".
Además, los operadores subrayan que han puesto en marcha medidas jurídicas para la defensa de sus intereses, tanto en el ámbito nacional como en el comunitario, y recuerdan que Bruselas ya se ha pronunciado sobre la ilegalidad de la tasa y está recurrida la medida ante los Tribunales españoles por motivos de inconstitucionalidad.
La asociación también insiste en calificar la tasa de financiación de RTVE con la que se pretende someter al sector como "injusta, desproporcionada, dañina e ilegal para un sector estratégico para el desarrollo del país que, además, se enfrenta a un gran esfuerzo inversor".
Además, subraya que se trata de una "medida injusta" ya que el sector en ningún modo se verá beneficiado por la eliminación de la publicidad en la televisión pública, "como ya se ha comprobado en los meses transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley".
Igualmente, destaca que el impuesto "es desproporcionado", porque carga a los operadores de telecomunicaciones con el 50% de la financiación de la televisión pública y supone un gravamen del 0,9% de los ingresos, cuando el total de sus ingresos por servicios audiovisuales supone un 1% de los ingresos totales".
Así, los operadores miembros de Redtel, que representan al 80% del mercado español de las telecomunicaciones, consideran que una medida como la que ha puesto en marcha el Gobierno "daña seriamente los planes de inversión y empleo del sector, especialmente en el contexto actual de crisis económica, al que estas compañías no son ajenas".
