El organismo emplea a 130 trabajadores, de los que el 40% proceden de Madrid
BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) declinó pronunciarse sobre la anulación hoy por parte del Tribunal Supremo (TS) del traslado de este organismo de Madrid a Barcelona, a la espera de "conocer" el contenido concreto de la sentencia, según informó a Europa Press un portavoz del organismo.
El TS ha estimado los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y un grupo de trabajadores, por considerar insuficientes algunos de los informes emitidos en el procedimiento de elaboración del Real Decreto de 30 de diciembre que acordó el cambio de sede.
La CMT, cuyo presidente es Reinaldo Rodríguez, emplea a 130 personas en Barcelona, de las que un 40% se trasladaron desde Madrid, informó el citado portavoz. El organismo ocupa unos 4.000 metros cuadrados repartidos en tres plantas de la Torre Mapfre, situada en la Villa Olímpica.
El traslado del organismo no ha estado exenta de polémica. La medida, acordada por el ex ministro de Industria, José Montilla, provocó la dimisión del presidente del organismo, Carlos Bustelo, que dijo del entonces ministro que estaba "poco preparado" y "mal asesorado", y calificó como "una chorrada" su decisión de cambiar la sede del organismo.
Tan solo un día después de anunciarse esta dimisión, el 10 de marzo de 2005, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid acordó interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, que ahora se ha pronunciado en contra del traslado.
La polémica no quedó ahí. El pasado mes de mayo, Rodríguez tuvo que defenderse de las críticas de la comisaria de Sociedad de la Información de la Comisión Europea (CE), Viviane Reding, que consideró que el traslado del organismo de Madrid a Barcelona supuso una pérdida de personal cualificado y creó inseguridad jurídica entre los operadores al retrasar los trabajos del regulador.
La CMT es un organismo regulador estatal dedicado al establecimiento y supervisión de las obligaciones específicas que deban cumplir los operadores en los mercados de telecomunicaciones y el fomento de la competencia en los mercados de los servicios audiovisuales, la resolución de los conflictos entre los operadores y ejercer de árbitro en los conflictos que surgen entre los operadores.
