MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las empresas de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que operan en España y en dieciocho países iberoamericanos podrán resolver sus conflictos mercantiles mediante el arbitraje en lugar de acudir a la Administración de Justicia gracias al acuerdo de colaboración firmado hoy entre patronales del sector y la Cámara de Madrid.
En concreto, la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC), la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC), la Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (AUTELSI) y la Federación de Asociaciones de Latinoamérica, el Caribe y España de Entidades de Tecnología de la Información (ALETI) han acordado con la Cámara de Madrid la constitución de la sección de Consultoría y Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones en la Corte de Arbitraje de Madrid.
De esta forma, la Corte de Arbitraje de Madrid será la primera de España e Iberoamérica en constituir una sección de Consultoría y Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones especializada en la resolución de conflictos mercantiles en el sector de tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
De esta forma, la Corte de Arbitraje de Madrid se constituye con vocación internacional para resolver conflictos de alto contenido tecnológico y para convertirse en referente mundial.
En concreto, para poder hacer uso de estos servicios, las empresas deben incluir en sus contratos el modelo de cláusula o convenio arbitral elaborado por la Corte de Arbitraje de Madrid para que, en el caso de que surjan controversias, quede asegurado el cumplimiento de la voluntad de las partes de recurrir al arbitraje de la Corte.
El acuerdo firmado pretende que el modelo de la cláusula arbitral, incorporado a los contratos en empresas de otros sectores, se extienda también a las empresas de consultoría y TIC.
Asimismo, en el marco del acuerdo, las asociaciones firmantes se comprometen a proponer a la Corte el nombramiento de peritos, árbitros de derecho, y árbitros de equidad, mientras que la Corte de Arbitraje se compromete a crear una lista de peritos, árbitros de derecho, y árbitros de equidad, garantizando su imparcialidad.
