MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Internautas (AI) y la Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (Adeces) alertaron hoy de que la propuesta de pago por la recepción de llamadas presentada por la Comisión Europea (CE) provocará un descenso del uso del móvil como respuesta al previsible encarecimiento del servicio, según anunciaron hoy ambas asociaciones en un comunicado.
Las asociaciones explicaron que esta reducción del uso se verá agravada porque este sistema "excluirá a los usuarios con menor nivel de rentas, que hasta ahora empleaban el móvil más para recibir llamadas que para realizarlas, efecto que se puede extender hacía los usuarios de tarjeta".
Por este motivo, consideran que las tasas de penetración del móvil, que se sitúan en el 100% o superiores, podrían reducirse "por debajo de ese índice". Así, explicaron que la medida supondrá una pérdida de confianza de todos los implicados en el mercado, con las consecuencias que de ello se derivan.
Para ambas asociaciones, el modelo de pago del receptor representa una quiebra de la confianza del mercado que genera "susceptibilidades" entre los usuarios y entre los operadores.
Las previsibles pérdidas de ingresos de los operadores, derivadas del menor uso y de la reducción de usuarios, según AI y Adeces, tenderán a ser compensadas reduciendo la subvención de terminales, cobrando servicios gratuitos y encareciendo otros servicios. "En el peor de los casos la extensión de redes puede resentirse", afirmaron.
La medida también podría afectar a la extensión de banda ancha a través de tecnología móvil, donde se concentra la inversión en la actualidad (tanto en terminales como en red), como al desarrollo de servicios, ya que son los servidores o proveedores los receptores de las llamadas.
Las dos asociaciones consideran que ante los potenciales riesgos descritos y los beneficios "más que dudosos" de la propuesta debe ser el mercado quien determine si hay suficiente demanda para ofrecer servicios distintos a los actuales, incluidos aquellos en los que quien paga es el receptor de las llamadas.
Por último la AI y Adeces denuncian la "permanente intervención" de la CE y exigen "responsabilidad y respeto" a la seguridad jurídica, como soporte, en un estado de derecho, de cualquier decisión en el ámbito social o económico.
