Buscarán un compromiso sobre el nuevo marco regulador de las telecomunicaciones, que incluye la separación funcional
BRUSELAS, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los ministros responsables de Telecomunicaciones de la Unión Europea aprobarán casi con seguridad mañana la norma para rebajar hasta un 60% el precio de los mensajes de texto (SMS) enviados desde el extranjero, según informaron hoy fuentes de la presidencia francesa.
Con esta medida, que empezará a aplicarse el 1 de julio de 2009, los ciudadanos comunitarios que viajen a otros países de la UE pagarán un máximo de 11 céntimos de euro por SMS, frente a la media comunitaria actual de 29 céntimos. En el caso de España, el precio medio en estos momentos es todavía más elevado, de 40 céntimos.
La iniciativa para rebajar el precio de los SMS, presentada por la Comisión el pasado 23 de septiembre, ha recibido un amplio apoyo de los Estados miembros. Aunque no todos los países están conformes con los topes propuestos de Bruselas, la presidencia francesa ha decidido mantenerlos sin cambios en el texto de compromiso que debatirán los ministros porque son las cifras que generan mayor consenso, según las fuentes consultadas. El objetivo de París es lograr un acuerdo con la Eurocámara en primera lectura antes de marzo de 2009.
Algunos países, especialmente los nórdicos, pedían rebajar todavía más los precios. Frente a ellos, España y Portugal rechazan la iniciativa alegando que, al regular el tope máximo, no habrá competencia entre las operadoras sino que todas se situarán en el límite permitido, según explicaron fuentes diplomáticas. Además, el tope de 11 céntimos por SMS es inferior a la media de los precios nacionales para mensajes de texto en la UE, que está en 12,75 euros. La delegación española era partidaria de una rebaja gradual.
Por lo que se refiere a la transmisión de datos y el uso de Internet en itinerancia, la UE impondrá un tope de 1 euro por mega a las tarifas mayoristas (las que se cargan entre sí las operadoras). Pero además, y a petición de los Estados miembros, la norma obligará a las operadoras a avisar a los consumidores cuando su consumo supere los 50 euros, de manera que éstos puedan decidir si siguen con la conexión o la interrumpen, según las fuentes consultadas. El objetivo de esta salvaguarda es evitar facturas excesivas.
La norma prorrogará además tres años los topes que ya se aplican al precio de las llamadas de voz en el extranjero, que en principio tendrían que expirar en 2010. Los límites bajarán 3 céntimos cada año, de manera que en julio de 2012 la tarifa máxima para las llamadas realizadas en itinerancia caerá hasta 34 céntimos por minuto y para las recibidas hasta 10 céntimos (frente a 46 céntimos y 20 céntimos en la actualidad, respectivamente).
Además, Bruselas obligará a las compañías telefónicas a facturar por segundos y no por minutos todas las llamadas en itinerancia, tanto las realizadas como las recibidas, a partir del segundo 31. Hoy en día, los usuarios pagan un 24% más de los minutos utilizados al hacer llamadas y un 19% más en el caso de las llamadas recibidas.
SEPARACIÓN FUNCIONAL
Los ministros tratarán de llegar también a un compromiso sobre la reforma del sector de las telecomunicaciones propuesta por Bruselas, cuyas principales novedades --la creación de una Autoridad Europea del Mercado de las Telecomunicaciones y la posibilidad de forzar a las operadoras dominantes, como Telefónica, a separar el departamento de servicios y el de gestión de redes-- han quedado muy diluidas.
Los Veintisiete han descartado crear esta Autoridad, que iba a tener una plantilla de 120 personas y a englobar a la Agencia Europea de Seguridad de Redes. En su lugar, aprobarán simplemente formalizar el grupo de reguladores europeos, que ya existe. Este grupo no tendrá ningún poder ejecutivo sino que su función será únicamente asesorar a la Comisión y a los reguladores nacionales. No será una agencia ni estará financiado con presupuesto comunitario sino que tendrá una estructura administrativa "ligera" suministrada por las capitales.
Los Estados miembros han rechazado también la pretensión de Bruselas de arrogarse nuevos poderes para poder vetar las medidas correctivas dictaminadas por los reguladores nacionales (como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en el caso de España) cuando se detectan problemas de competencia en algún mercado. Las autoridades nacionales seguirán teniendo la última palabra en estos casos.
Por lo que se refiere a la separación funcional, la propuesta de compromiso presentada por la presidencia francesa mantiene esta posibilidad, que podrá ser impuesta por los reguladores nacionales pero en ningún caso por el Ejecutivo comunitario. Se deja claro que se trata de una medida excepcional que sólo se aplicará si se demuestra que otros remedios no han funcionado para aumentar la competencia.
España --junto con Alemania, España, Rumanía, Grecia, República Checa y Austria-- mantiene su oposición a que la reforma de las telecomunicaciones contemple expresamente la separación funcional. Su argumento es que esta medida ya puede adoptarse en la actualidad y que reflejarla en la legislación sólo servirá para desincentivar las inversiones de las operadoras en nuevas redes de alta velocidad porque se les está amenazando con arrebatarles el control.
En cambio, Reino Unido, Suecia e Italia están a favor de la separación funcional porque ya la han aplicado en sus mercados. Dada la distribución de fuerzas, todo apunta a que se aprobará la propuesta de compromiso francesa.
La gestión del espectro es otro de los apartados incluidos en la reforma del sector de las telecomunicaciones. Los Estados miembros aprobarán el principio de neutralidad tecnológica y de servicios en la gestión del espectro y la posibilidad de que las empresas puedan vender o alquilar a otras sus licencias de utilización de radiofrecuencias. En cambio, se rechazan las propuestas de Bruselas para introducir una gestión europea para servicios de alcance transfronterizo.
Finalmente, el nuevo marco incluye nuevos derechos para los consumidores, como la prohibición de contratos superiores a los dos años de duración o la obligación para las operadoras de permitir a los clientes cambiar de compañía conservando el mismo número de teléfono en un plazo máximo de un día. Las operadoras tendrán la responsabilidad de luchar contra los virus y el 'spam' y de notificar a los clientes los fallos de seguridad que detecten.
