BRUSELAS, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
Representantes de la Unión Europea y Estados Unidos se reúnen mañana y el jueves en Bruselas para intentar salvar la firma de un acuerdo de 'cielos abiertos', que quedó congelado a finales del año pasado por la negativa norteamericana a permitir que las aerolíneas comunitarias puedan tener un mayor control sobre las compañías estadounidenses.
El negociador norteamericano, John Byerly, señaló este martes que EEUU sigue defendiendo el principio de acuerdo alcanzado por Bruselas y Washington en noviembre de 2005, y aseguró que su delegación no cambiará de postura sobre la propiedad de las compañías aéreas, por lo que la pelota está sobre el tejado de la UE.
"Es necesario aceptar la realidad a ambas orillas del Atlántico: que un cambio importante en las reglas norteamericanas sobre control de las aerolíneas de EEUU no está sobre la mesa, al menos no en un futuro próximo", subrayó Byerly. Ello se debe, explicó, a la oposición a los planes de la Casa Blanca por parte de los sindicatos, algunas compañías, y republicanos y demócratas.
Por su parte, el portavoz de Transporte del Ejecutivo comunitario, Michele Cercone, destacó que la iniciativa de celebrar esta reunión fue de EEUU y que lo que quiere la UE es "escuchar las intenciones de los norteamericanos y analizar la situación y el posible camino a seguir". Cercone no quiso anticipar ningún resultado y dijo que no hay plazo límite para concluir un acuerdo de cielos abiertos con EEUU.
Bruselas y Washington alcanzaron en noviembre de 2005 un acuerdo preliminar que permitiría a cualquier aerolínea europea volar desde todos los aeropuertos de la UE hasta Estados Unidos. El compromiso incluía también cuestiones de convergencia regulatoria, seguridad, competencia, ayudas de Estado o código compartido.
Los Veinticinco condicionaron su firma a que la administración norteamericana suavizara la limitación del 25% a la presencia de capital extranjero en sus compañías. Pero a finales de 2006, Washington comunicó a Bruselas que retiraba del trámite parlamentario su propuesta de flexibilización de las reglas de control, con lo que el acuerdo quedaba en papel mojado.
Las negociaciones entre la UE y EEUU para un acuerdo de cielos abiertos se iniciaron en el 2003, a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia que declaraba ilegal la cláusula de nacionalidad de los acuerdos bilaterales que mantienen algunos países con EEUU. Estas cláusulas reservan los beneficios del pacto sólo a las compañías nacionales de los países signatarios. Así, una compañía alemana establecida en Francia no está autorizada a operar vuelos que salgan de París a EEUU.
EEUU ha concluido con los Estados miembros un total de 15 acuerdos de cielos abiertos (Francia, Alemania, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Italia, Portugal, Austria, Malta, la República Checa, la República Eslovaca, Polonia); y 5 acuerdos más restrictivos y menos abiertos (el Reino Unido, Irlanda, Grecia, España y Hungría). No tiene acuerdos aéreos con Lituania, Letonia, Estonia, Chipre y Eslovenia.
La creación de un mercado abierto transatlántico tendría un gran impacto económico y social. Un estudio encargado por la Comisión en 2002 cifró en 5.000 millones de dólares por año los beneficios para los pasajeros.
El acuerdo permitiría volar a 17 millones de pasajeros adicionales al año y supondría un impulso para el empleo a ambas orillas del Atlántico. Finalmente, la abolición de la cláusula de nacionalidad permitirá la consolidación y reestructuración del sector aéreo europeo.
La cuota de mercado combinada de los mercados americano y europeo en la aviación es del 60% del tráfico mundial. En estos momentos, el número de pasajeros transportados entre los dos continentes es de 40 millones.
COMERCIO DE EMISIONES.
Aunque no está previsto que en la reunión entre la UE y EEUU se aborde la propuesta de la Comisión de incluir a la aviación civil en el sistema de comercio de emisiones contaminantes desde 2012, el negociador norteamericano insistió en que se trata de una iniciativa que viola la convención de Chicago.
"Es inaplicable e ilegal si se aplica", dijo, subrayando que la administración estadounidense seguirá trabajando para evitar que los Veintisiete aprueben la propuesta. La portavoz de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario, Bárbara Helfferich, reiteró por su parte que la propuesta respeta plenamente la legislación internacional.
