Economía/Transportes.- El TUE decide mañana si anula la decisión de transferir a EEUU los datos de los pasajeros aéreos

Actualizado: lunes, 29 mayo 2006 20:24

BRUSELAS, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) decidirá mañana si anula el acuerdo de 2004 según el cual los Veinticinco se comprometieron a transferir a Estados Unidos los datos de los pasajeros aéreos de los vuelos transatlánticos. La Eurocámara presentó un recurso contra este compromiso, impulsado tras los atentados del 11-S, al considerar que vulnera la normativa de protección de datos personales.

Al poco tiempo de que se produjeran los atentados terroristas de Nueva York y Washington, los Estados Unidos aprobaron una normativa que establece que las compañías aéreas que operen vuelos con destino u origen en el territorio de los Estados Unidos o que atraviesen dicho territorio están obligadas a facilitar a las autoridades americanas un acceso electrónico a una serie de datos, denominados Passenger Name Records (PNR), que figuran recogidos en su sistema de reservas y de control de salidas.

Al estimar que estas disposiciones podían ser contrarias a la normativa comunitaria y a la de los Estados miembros en materia de protección de datos personales, la Comisión entabló negociaciones al respecto con las autoridades norteamericanas. Como consecuencia de dichos contactos, la Comisión acabó dando luz verde a la transferencia, tras imponer una serie de condiciones, y el acuerdo entre la UE y Estados Unidos se aprobó el 17 de mayo de 2004.

El número de datos que se transfieren se limitó a 34. Los datos sensibles, como las preferencias alimentarias o las necesidades especiales de los pasajeros, que pueden revelar su raza, religión o estado de salud, no se transferirán o, si se transfieren, serán filtrados y eliminados. Se acordó que se utilizarían exclusivamente para prevenir y combatir el terrorismo y otros delitos graves, incluida la delincuencia organizada. Las autoridades estadounidenses pueden conservarlos un máximo de dos años y medio.

Pese a estas limitaciones, la Eurocámara consideró que el compromiso vulnera la normativa de protección de datos y por ello decidió interponer un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia.