MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Fomento ha procedido a suspender la licencia de Futura, ante la falta de garantías para cumplir sus compromisos y ejecutar el mantenimiento necesario para la seguridad.
Según informó el departamento dirigido por Magdalena Álvarez la inspección de la información económica de la compañía ha determinado que su situación económica no le permite cumplir sus obligaciones y compromisos, ni tampoco existe "hoy por hoy" un plan financiero para el restablecimiento de su capacidad económica "de cara a reanudar su actividad".
Por tanto, y una vez culminado el proceso de valoración de la documentación remitida, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) ha resuelto suspender su licencia de explotación, ya que los datos facilitados por la compañía concluyen que la aerolínea no está capacitada para cumplir los compromisos con su pasaje y ejecutar el mantenimiento necesario para la seguridad de las operaciones.
No obstante, se ha informado a Futura que si en un plazo "razonable" --antes del 1 de enero de 2009, periodo en que expira su certificado de operador aéreo ahora suspendido--, acreditase que vuelve a cumplir con "todas las condiciones y requisitos exigidos por las normas comunitarias de aplicación, la medida podría ser levantada.
En lo que se refiere a los pasajeros afectados por la suspensión de las operaciones de Futura, el Ministerio determina que el seguimiento realizado por Aviación Civil indica que han sido transportados en vuelos de otras compañías aéreas.
El pasado sábado 13 de septiembre finalizó el plazo concedido a la compañía para que ésta facilitase toda la documentación necesaria encaminada a evaluar su situación económico-financiera actual, y su capacidad financiera para afrontar obligaciones y compromisos futuros, incluidos los recursos necesarios para garantizar la seguridad de las operaciones. Asimismo, se le requirió un plan de atención a los pasajeros afectados por la suspensión de las operaciones.
El proceso fue abierto por parte del Gobierno en el momento en que se tuvo constancia de que Futura había presentado en un Juzgado del Tribunal Superior de Justicia de Palma de Mallorca una demanda de declaración de concurso de acreedores, junto con la decisión de la aerolínea de suspender "unilateralmente" sus operaciones el día 8 de septiembre de 2008.
Por ello, la DGAC requirió ese mismo día a la compañía Futura toda la información pertinente para evaluar su situación y adoptar, en consecuencia, las medidas correspondientes previstas en el Reglamento comunitario que regula las licencias de explotación de las compañías aéreas.
