BRUSELAS, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los negociadores de la Eurocámara y de los Gobiernos de los 28 han alcanzado un acuerdo final sobre la nueva directiva para combatir el blanqueo de dinero, cuya principal novedad es que obligará a los Estados miembros a crear registros centrales donde aparezcan los dueños reales de las empresas. Estos registros serán accesibles para personas con un "interés legítimo", como periodistas de investigación u otros ciudadanos afectados.
La nueva directiva también exige a bancos, auditores, abogados, agentes inmobiliarios y casinos, entre otros, que sean más vigilantes sobre transacciones sospechosas realizadas por sus clientes.
"Durante años, los delincuentes en Europa han usado el anonimato de empresas y cuentas offshore para ocultar sus transacciones financieras. La creación de registros de la propiedad efectiva ayudará a levantar el velo de secretismo y ayudará mucho en la lucha contra el blanqueo de dinero y la evasión fiscal descarada", ha dicho uno de los ponentes parlamentarios, el conservador letón Krisjanis Karins.
"Las nuevas reglas proporcionarán mucha más transparencia sobre las estructuras empresariales en la sombra que están en el corazón de los esquemas de blanqueo de dinero, así como en los sistemas utilizados por las compañías para evitar su responsabilidad tributaria", ha agregado la eurodiputada verde holandesa Judith Sargentini.
La cuarta directiva contra el blanqueo de dinero obligará por primera vez a los Estados miembros a mantener registros centrales con información sobre los dueños reales de sociedades u otras entidades jurídicas, así como de trusts. Estos registros centrales no estaban incluidas en la propuesta original de Bruselas y han sido incluidos por la Eurocámara durante las negociaciones.
Su objetivo es aumentar la transparencia, dificultar la ocultación de acuerdos dudosos y combatir el blanqueo de dinero y la delincuencia tributaria.
Estos registros centrales serán accesibles para las autoridades competentes y sus unidades de inteligencia financiera (sin ninguna restricción), "entidades obligadas" (como los bancos al cumplir sus obligaciones de diligencia debida con sus clientes) y también para los ciudadanos en general. Pero su acceso puede condicionarse al registro en línea y al pago de una tarifa para cubrir costes administrativos.
Cualquier persona u organización que pueda demostrar un "interés legítimo", como un periodista de investigación y otros ciudadanos afectados, podrá tener acceso a datos como el nombre del dueño real, el mes y año de nacimiento, la nacionalidad, la residencia y detalles de la propiedad. Sólo podrá denegarse el acceso caso por caso en circunstancias excepcionales.
El acuerdo también clarifica las reglas aplicables a "personas expuestas políticamente", es decir, las que están en un mayor riesgo de corrupción que el habitual por la posición política que ocupan, como jefes de Estado, miembros del Gobierno, jueces del Tribunal Supremo o miembros del Parlamento, así como sus familias. Cuando haya relaciones empresariales de alto riesgo con este tipo de personas, deberán ponerse en marcha medidas adicionales, como establecer el origen de la riqueza y los fondos implicados.
El acuerdo todavía debe ser ratificado por los países de la UE, así como por el pleno de la Eurocámara en 2015.
