MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, quiere saber qué intenciones tiene el Gobierno con respecto a la empresa pública Tragsa después de que la Audiencia Nacional haya anulado el expediente de regulación de empleo (ERE) que tenía planteado para 726 trabajadores, y critica que en medio de ese conflicto laboral se decidiera contratar a cinco nuevos directivos.
Así se lo hace saber al Ejecutivo en sendas preguntas parlamentarias, a las que ha tenido acceso Europa Press, en las que la líder de la formación magenta pide información concreta sobre el organigrama de Tragsa, la masa salarial --con datos específicos de los altos cargos--, las encomiendas de gestión recibidas por la empresa en los últimos años y su importe.
Además, Díez pregunta "qué medidas piensa llevar a cabo el Gobierno para garantizar la viabilidad de Tragsa" tras la declaración de nulidad del ERE, y si tiene intención de plantear otro procedimiento de despido colectivo. En este sentido, reclama datos sobre el coste total del ERE fallido, ya que según sus cálculos al menos se han gastado 1,5 millones de euros por la contratación de una consultora para preparar el proceso y se han destinado otros 16 millones a provisiones para hacer frente a los despidos.
Unas cantidades que habrían contribuido a las pérdidas de más de 32 millones de euros que se recogen en las cuentas consolidadas de 2013, y que se suman a los problemas causados por la reducción en un 15% desde 2012 de la producción de la empresa, derivada sobre todo de los recortes presupuestarios aplicados en los ministerios que más contratan con Tragsa.
EVITAR DUPLICIDADES
Dado que la empresa pública ha sido rentable todos los años desde su creación, en 1977, y hasta el pasado ejercicio, UPyD cree que pueden tomarse medidas para volver a poner sus cuentas en negro. Y, como ejemplo, propone al Gobierno que negocie con las comunidades autónomas que tienen empresas similares a Tragsa para "evitar duplicidades y mejorar la funcionalidad y eficiencia del sector público".
Sin embargo, la formación que lidera Díez también reprocha al Ejecutivo la política de contrataciones que ha seguido en la empresa a pesar de su situación financiera. En este sentido, recuerda que en los despidos previstos en el ERE sólo se incluía a 22 altos cargos --de un total de 726 trabajadores--.
Pero además, asegura que la reorganización del organigrama emprendida hace un año ha conllevado la creación de cinco grandes unidades territoriales y una Subdirección de Desarrollo de Negocio, al frente a las cuales se han nombrado nuevos responsables con funciones comerciales.
"Y en muchos casos ya ha quedado patente la relación (de estas personas) con el PP o altos cargos del partido", reprocha la diputada, recordando que estas contrataciones no se han acompañado de la eliminación de otros departamentos sino que, antes al contrario, los costes de estructura de la empresa se han incrementado un 38,9% desde 2012, "sin que se haya visto ningún aumento en la producción ni se haya incorporado ningún cliente nuevo significativo".
Por eso, Rosa Díez pregunta al Ejecutivo "cómo justifica la incorporación de nuevos altos cargos" en Tragsa precisamente cuando la empresa "se encuentra inmersa en un procedimiento colectivo de despido".
