BRUSELAS, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los gobiernos de la Unión Europea quieren que la Comisión Europea evalúe el cumplimiento de los objetivos fiscales en sus análisis de los planes nacionales para acceder al fondo de recuperación, siempre y cuando las reglas presupuestarias comunes vuelvan a estar en vigor, algo que no sucederá al menos hasta 2022.
Así consta en el texto sobre el reglamento del Instrumento de Recuperación y Resiliencia (RRF) que los ministros de Finanzas de la UE han acordado este martes y al que ha tenido acceso Europa Press. El documento será aprobado el viernes a nivel de embajadores ante la UE y quedará así fijada la posición que los Estados miembros defenderán en la negociación con el Parlamento Europeo.
El RRF es el componente principal del fondo anticrisis y repartirá 672.500 millones de euros a las capitales entre préstamos y subvenciones. A España le corresponden unos 46.600 millones entre 2021 y 2022 y aproximadamente 17.000 millones a partir de 2023, sólo en transferencias directas. A esto hay que sumar otros 60.000 millones en créditos.
Así las cosas, los Veintisiete han endurecido el documento con respecto a las cuestiones a las que el Ejecutivo comunitario tendrá que prestar atención antes decidir si aprueba o rechaza el programa de reformas e inversiones de un Estado miembro.
Además de estudiar si sirve para impulsar las transiciones digital y ecológica, Bruselas analizará si el plan nacional "contribuye con efectividad a atajar todas o un subgrupo significativo de desafíos identificados en las recomendaciones específicas relevantes para cada país, incluidos los aspectos fiscales y recomendaciones" en virtud del reglamento europeo sobre desequilibrios macroeconómicos.
El texto de la propuesta original se limitaba a establecer que la Comisión debía analizar si el plan nacional "contribuye con efectividad a atajar los desafíos identificados en las recomendaciones específicas relevantes" de cada Estado miembro.
Durante el debate en abierto que ha tenido lugar este martes, el secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio, ha advertido que esta nueva redacción puede generar "confusión" y además es "redundante".
El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha señalado que el plan de recuperación no puede "resolver todos los problemas pendientes" y ha recomendado a las capitales que se centren "en aquellos retos y prioridades que vayan a generar el impacto más duradero".
Sin embargo, esta apreciación no quedará reflejada en el texto final, puesto que el ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, en calidad de presidente de turno del Ecofin, ha defendido que el texto recoge un equilibrio muy delicado entre todas las capitales y no se modificará de nuevo.
Otro de los aspectos que recoge el documento acordado entre los Veintisiete es el que abre la puerta a una suspensión de las ayudas si Bruselas comprueba que un Estado miembro no ha adoptado las medidas necesarias para reducir un déficit público excesivo.
De nuevo, para que fuese efectiva esta disposición, primero se tendrían que activar las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que siguen suspendidas y también lo estarán en 2021.
En todo caso, se trata del artículo 9 del futuro reglamento y esta posibilidad ya estaba contemplada en la propuesta legislativa de la Comisión Europea, pero no gustaba a algunos grupos de la Eurocámara, como socialdemócratas o ecologistas, que ya han anunciado que intentarán eliminarlo durante las negociaciones.
