MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las compañías eléctricas consideran que el decreto que soluciona el problema del escaso consumo de carbón nacional, sumado a otras partidas que engordan los costes de la tarifa eléctrica, obligará inevitablemente a aplicar subidas en el precio de la luz en la próxima revisión trimestral de enero, según fuentes del sector consultadas por Europa Press.
Las empresas dan por hecho que tras la aplicación del decreto del carbón difícilmente podrá cumplirse el objetivo de que en 2009 se genere un déficit de tarifa inferior a 3.500 millones de euros. Este límite había sido fijado por el Gobierno en el real decreto ley 6/2009, que intenta resolver el problema del desajuste entre ingresos y costes regulados del sistema de generación.
Para evitar subidas que podrían alcanzar el 10%, las compañías abogan por trasladar de la tarifa a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de forma anticipada los costes extrapeninsulares o aplicar un IVA rebajado a la electricidad, que pasaría del 16% al 7%. La nueva Tarifa de Último Recurso (TUR) se calcula conforme a una fórmula automática en la que, aparte de los precios de la energía, se tiene en cuenta el objetivo máximo de déficit para el año.
Las cinco eléctricas integradas en la patronal Unesa tienen previstro celebrar el martes o el miércoles un encuentro para analizar a nivel técnico las consecuencias de aplicar la solución para el carbón ya pactada por Industria con las empresas mineras de Carbunión y los sindicatos.
También esta semana, el consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) mantendrá una reunión de carácter extraordinario en la que aprobará un informe acerca del decreto. Tras este trámite y el visto bueno de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, podrá ver la luz el decreto, previsiblemente entre mediados de noviembre y las primeras semanas de diciembre.
El borrador de real decreto reserva un precio fijo para la electricidad producida en nueve plantas a partir de carbón nacional, que dejarán de participar en el mercado mayorista de electricidad, o 'pool', y que quedarán retribuidas gracias a un mecanismo de resolución de restricciones por garantía de suministro.
Las centrales, cada una de las cuales tendrá un máximo unitario de producción, recibirán de media ponderada 57,32 euros por megavatio hora (MWh). Las plantas térmicas afectadas son dos de Endesa (Compostilla y Teruel), una de Endesa y Gas Natural-Unión Fenosa (Anllares), dos de Gas Natural-Unión Fenosa (Narcea y La Robla), dos de E.ON (Escucha y Puentenuevo), una de Iberdrola (Velilla) y otra de HC (Soto de Ribera).
POSICIÓN DE CARBUNIÓN
Las empresas de Carbunión rechazan que el precio fijo para las centrales que quemen carbón nacional pueda considerarse una ayuda, recuerdan que los 57,32 euros por MWh son inferiores a la retribución de otras fuentes de generación como la eólica y destacan el carácter estratégico del carbón.
De hecho, las posibles reticencias de Bruselas a la aplicación de un precio fijo se sortean en el decreto alegando que la propia Comisión Europea acepta que se incentiven fuentes nacionales de generación hasta en un 15% de la producción eléctrica con el objetivo de que el país pueda reducir su dependencia y mejorar la seguridad de suministro.
Además, las mineras argumentan que el precio fijo responderá de forma coyuntural a un escenario de precios bajos en la generación eléctrica y que, cuando los precios se recuperen, las centrales térmicas ya no necesitarán este incentivo, ya que podrán acudir al 'pool' y vender más cara la electricidad producida.
