La compañía avisa de que la decisión del Gobierno "es una falta de respeto" para 5.100 familias que dependen de la fábrica
PONTEVEDRA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Estado desiste de defender en los procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional la prórroga de la concesión a Ence en la ría de Pontevedra, otorgada por el Gobierno del PP en funciones en enero de 2016.
En un comunicado, la compañía muestra su rechazo ante "el inesperado cambio de criterio" de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar (dependiente del Ministerio de Transición Ecológica) de allanarse el pasado 8 de marzo en los tres procedimientos que se siguen en la Audiencia Nacional (promovidos por el Ayuntamiento de Pontevedra, la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra y Greenpeace), que pretenden que se declare la nulidad de la resolución que otorgó una prórroga de 60 años a la pastera.
La compañía sostiene que esta actuación del Estado "solo puede ser explicada en clave electoral", a la par que "es contraria al ordenamiento jurídico e implica un cambio arbitrario en el criterio que había venido manteniendo durante todo el procedimiento".
En esta línea, Ence avisa de que esta decisión pone en riesgo la planta, ya que "si el allanamiento es aceptado en las sentencias de los tribunales podría provocar una fuerte destrucción de empleo en toda Galicia". Censura que "es una falta de respeto" para las 5.100 familias que dependen de forma directa o indirecta de la fábrica.
Y es que la empresa muestra su "sorpresa" debido a que ahora la Dirección General "dé argumentos contrarios a los que ha defendido hasta la fecha en el último momento procesal", "cuando hasta hace nada estaba defendiendo la absoluta legalidad de la orden ministerial que otorgó la prórroga de la concesión de Ence".
"FUERTE BAJADA DE PRECIOS"
Asimismo, la pastera subraya que "el 30 por ciento" de las personas empleadas en el sector forestal en Galicia dependen de la actividad de Ence. Además, recuerda que la prórroga en 2016 estaba ligada a acometer inversiones por 71 millones (apunta que más de 40 millones están realizadas), a lo que se une un plan por 350 millones en el plan estratégico 2019-2023.
De tal forma, apunta que el sector forestal del noroeste de España "se verá muy afectado por una fuerte bajada de precios provocada por la caída de la mitad de la demanda, lo que afectará a las más de 200.000 familias productoras forestales.
Por todo ello, la compañía advierte de que va a "utilizar todas las vías jurídicas para defender la validez de la prórroga de la concesión", dado que "intereses de parte y acuerdos políticos quieren anular en contra de los derechos e intereses de sus trabajadores, proveedores, accionistas y de todo el sector forestal del noroeste".
