26 de agosto de 2019
17 de agosto de 2009

España paga un total de medio millón de euros a las agencias de rating Moody's y S&P

MADRID, 17 Ago. (OTR/PRESS) -

España paga a las agencias de calificación Moody's y Standard & Poor's (S&P) en torno a medio millón de euros por las calificaciones que ofrece de la deuda pública española y las emisiones de divisas. La Dirección General del Tesoro y Política Financiera, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, contrata sus servicios porque muchos inversores internacionales requieren que la deuda pública española tenga una calificación mínima de una o dos agencias para adquirirla. S&P modificó este año la calificación a largo plazo de España, al rebajar un escaló el rating, hasta 'AA+' con perspectiva estable, mientras que Moody's, que también actualizó hace una semanas el rating de España mantiene la máxima calificación de la deuda española, que sitúa en 'AAA' con perspectiva estable. S&P ha advertido de las "debilidades estructurales de la economía española". La UE prepara una nueva normativa para las agencias de rating.

En concreto, España abona a Moody's 85.000 euros anuales, a los que hay que sumar 40.000 euros por cada emisión de divisas, con un máximo anual de 175.000 euros, y sin que el pago total pueda superar el tope de 250.000 euros. Los pagos a S&P por calificar la deuda española ascienden a un montante fijo de 280.000 euros al año, independientemente de las emisiones que se realicen.

Según señala el Gobierno, contar con la calificación de las agencias es especialmente importante en las emisiones de divisas, además de que la calificación que hagan se extiende a todos los activos que se puedan beneficiar del aval o garantía del Estado.

S&P rebajó la calificación a largo plazo de España debido a las condiciones económicas y financieras del mercado, que "han destacado debilidades estructurales en la economía española que son inconsistentes con una posición de 'AAA'". La agencia ha señalado que el recorte del rating refleja las expectativas de que las finanzas públicas sufrirán, en sintonía con el previsto descenso de las perspectivas de crecimiento en España. Por ello, considera que España debe actuar con mayor responsabilidad en sus políticas fiscal y macroeconómicas, para reducir el "insostenible" déficit exterior, cercano al 10 por ciento del Producto Interior Bruto.

PROGRAMA ECONÓMICO CREÍBLE

En cambio, Moody's, que junto con Fitch mantiene la máxima calificación, entiende que pese a que la economía española ha sufrido un golpe "severo", los daños no serán permanentes. La agencia ha destacado que el Gobierno español está adoptando un programa económico "creíble" para controlar el déficit público a medio plazo.

Moody's había expresado con anterioridad su preocupación respecto a la robustez del modelo de crecimiento de España, así como de la deuda pública, ante el "colapso" del mercado español de la vivienda, pero considera que estas preocupaciones inmediatas "se han disipado en gran medida". En cualquier caso, considera poco probable que España logre reducir el saldo negativo de las cuentas públicas por debajo del 3 por ciento que marca Bruselas para antes de 2012.

El papel que han jugado las agencias de calificación en el estallido hace dos años de la crisis financiera internacional, al no advertir de las prácticas opacas de algunas entidades y activos financieros, ha motivado que la UE aprobara el pasado mes una norma que obligará a registrar y supervisar el funcionamiento de las agencias de rating, tras las insuficiencias detectadas a raíz de la crisis financiera.

La nueva norma pretende garantizar que las calificaciones no se vean afectadas por conflictos de intereses, que las agencias velen de forma constante por la calidad de la metodología empleada y que actúen con mayor transparencia.

El reglamento prevé que el Comité Europeo de Reguladores Bursátiles (CESR), un órgano consultivo creado en 2001, actúe a modo de ventanilla única en la que tendrán que registrarse las agencias de calificación que quieran operar en la UE. El CESR tramitará todas las solicitudes de registro e informará a las autoridades competentes en todos los Estados miembros.